Declaración patrimonial

En las próximas semanas veremos a miembros de la 4ta. transformación bajo la lupa del escrutinio público

Héctor Serrano Azamar / Heraldo de México /
Héctor Serrano Azamar / Heraldo de México /

Durante las campañas políticas del año pasado, la principal promesa del partido que actualmente ocupa el poder fue la de acabar con la corrupción, en ello se basó la línea central discursiva de Morena; una misma propuesta con dos ejes: primero, en señalar con ferocidad a los corruptos y sus prácticas (aunque no existiera prueba fehaciente de la culpabilidad de algunos de ellos); segundo, proponer un cambio profundo para acabar con la corrupción (la constitución moral y predicar con el ejemplo son los dos conceptos más acabados para lograr tan noble propósito).

Como uno de los complementos para erradicar la corrupción en el país, también se propuso la obligación de los servidores públicos de confianza de todos los niveles, de que hagan pública su declaración patrimonial.

Legalmente, los nuevos funcionarios tienen un plazo de 60 días naturales para realizar su declaración y de ellos depende si deciden hacerla pública o no.

Aunque podría presumirse como un principio básico del derecho a la privacidad, en reiteradas ocasiones los candidatos de Morena manifestaron que atendiendo a una obligación moral, las declaraciones de todos los nuevos funcionarios serían públicas.

La declaración patrimonial es un mecanismo por el cual, los órganos de control interno (contralorías), establecen la obligación a los servidores públicos de informar a la autoridad sobre su patrimonio, la forma en que lo adquirieron y las fechas de las operaciones; lo anterior, para poder establecer si existe la posibilidad de que el declarante haya adquirido bienes que no correspondan con su capacidad económica declarada y por lo tanto, pueda haber usado el servicio público para su propio enriquecimiento.

¿Tiene algún efecto legal hacer públicas las declaraciones patrimoniales? Ninguno, los órganos de control son los únicos responsables para iniciar un procedimiento en caso de detectar inconsistencias, ellos tienen la información a su disposición en cualquier momento, aún en los casos en que decida reservarse.

Entonces ¿qué se pretende al establecer la obligación moral de hacerlas públicas?

Muy sencillo, someter a los servidores al escrutinio público a causa de su patrimonio.

Si la información con la que cuenta el público es la única que contiene la declaración resultará, por decir lo menos, difícil poder establecer un juicio de valor apegado a la verdad.

En el caso de que alguno de los nuevos funcionarios cuente con un patrimonio para ser considerados como gente rica, (fifís, les llaman algunos), en la declaración no se dice si dicho patrimonio fue adquirido de forma legal, con inteligencia financiera o por propia capacidad, lo único que se dice es cuánto tiene y cuánto vale.

En las próximas semanas veremos a varios miembros de la 4ta. transformación estar bajo la lupa del escrutinio público debido a su patrimonio.

Por eso, nunca se debe escupir al cielo.

 

 

COLABORADOR

@HSERRANOAZAMAR

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