Debajo de la mesa

El dinero ilegal se usa para el clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, pago de estrategas y cobertura de medios

Debajo de la mesa

Ventana Política

 

Dos eventos coincidieron esta semana cargada de notas políticas.

 

El primero, la resolución de la Audiencia Nacional española sobre el publicitado financiamiento ilegal del derechista Partido Popular, conocido como el caso Gürtel. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el tribunal condenó a penas de 3 a 51 años de prisión a 29 acusados, desde altos dirigentes como el ex tesorero, consejeros, diputados, alcaldes, hasta cónyuges e hijos involucrados. Todos implicados en la trama de donaciones ilegales, sobornos, doble contabilidad, contrataciones con empresas ficticias y demás ilícitos en el partido del todavía presidente Mariano Rajoy. Tras nueve años de investigaciones y juicio, las sentencias de la Audiencia Nacional llevaron al Congreso a promover y votar hoy viernes una moción de censura para destituir a Rajoy.

 

El segundo, en la ciudad de México, fue la presentación del estudio «Dinero bajo la mesa» (www.dinerobajolamesa.org), elaborado por Integralia Consultores y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que aborda el principal problema de la democracia electoral mexicana: el exceso de dinero ilegal, tanto público como privado, que fluye a las campañas para ganar elecciones y comprar beneficios futuros.

 

Como explica Luis Carlos Ugalde, logramos erradicar el problema de los fraudes electorales, pero ahora enfrentamos la corrupción en el financiamiento y gasto en las campañas.

 

Con datos del 2016 y 2017, el estudio se enfoca en las elecciones para gobiernos estatales. Y la información es apabullante. Por cada peso reportado en campaña, se gastan 15 por debajo de la mesa. En promedio, los candidatos a gobernador gastan diez veces más que el tope legal.

 

El financiamiento ilegal viene del desvío de recursos públicos (recaudaciones en efectivo, facturas apócrifas, adjudicaciones directas, contrataciones con sobrecostos, etc.), del dinero privado ilegal (lavado, defraudación fiscal, simulación con empresas fantasma, cobertura ilegal de medios, etc.) y del crimen organizado.

 

El dinero ilegal se usa para el clientelismo electoral: compra, movilización e inhibición del voto, pago de estrategas y cobertura de medios.

 

La fórmula de financiamiento aprobada en 1996 dotó de recursos públicos a los partidos y estimuló una benéfica pluralidad. Sin embargo, no logró contener el apetito por mayores ingresos. Así, los más de 11mil millones de pesos que los partidos reciben oficialmente son una fracción de lo que en realidad perciben y gastan.

 

De ahí que, una vez pasado el presente proceso electoral, será impostergable repensar y procesar un nuevo esquema para frenar esta danza de dinero sin control.

 

En todo caso, el proceso español y el estudio mexicano demuestran que la corrupción política no es exclusiva de ningún país, ni de algún partido. Es una enfermedad democrática que se cura con reglas claras,  fiscalías autónomas y sanciones efectivas.

 

@veronicaortizo

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