Datos personales: protección pendiente en la Reforma Laboral

La posible discriminación de los trabajadores con motivo de su afiliación sindical violentaría el artículo 1 de la Constitución Federal, así como la libertad de trabajo reconocida en su artículo 5

PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS / 
COMISIONADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN /
PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS / COMISIONADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN /

La dinámica social, acelerada con la digitalización, exige un avance integral en los procesos normativos. El enfoque jurídico de la digitalización debe abarcar todo en las relaciones sociales, económicas, culturales, educativas, técnicas y tecnológicas, de comunicación, ambientalistas, deportivas… y otras tantas. Lo que pretendo destacar es la vinculación de las Leyes Federal del Trabajo (LFT), Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) -cuya actualización, por cierto, urge- y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

La LFT no contempla los datos personales laborales en la última reforma, y la LFPDPPP tampoco es específica en este tema, por lo que es altamente recomendable atender la cuestión y armonizar la normatividad entre las leyes citadas y el Convenio 108 del Consejo de Europa (sobre flujo transfronterizo de datos personales) al que estamos adheridos, así como considerar las nuevas disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) que, sin ser vinculante para nuestro país, es inevitable atender y asumir para resguardo y garantía de la privacidad de las personas físicas en el sector privado. Esta armonización puede aprovecharse para introducir temas ausentes en las leyes mexicanas; uno de ellos podría ser, a la luz del artículo 28-B de la LFT, imponer a las agencias de colocación de trabajadores la obligación de protegerlos respecto de sus datos personales y a la vez informarles sobre sus derechos ARCO.

Por otra parte, el nuevo artículo 365 bis de la LFT dispone la obligación de hacer público el padrón sindical, con la sola clasificación confidencial de sus domicilios y el CURP, en los términos del artículo 78 de la LGTAIP que va en el mismo sentido. Esta situación exhibe un conflicto normativo de las dos leyes citadas con la propia LFPDPPP, que entiende en el artículo 3-VI como datos sensibles: los datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, estando incluida expresamente la afiliación sindical.

La posible discriminación de los trabajadores con motivo de su afiliación sindical violentaría el artículo 1 de la Constitución Federal, así como la libertad de trabajo reconocida en su artículo 5, y los convenios internacionales sobre derechos humanos de los que México es parte. La reglamentación más avanzada es el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, cuyo artículo 9.1 establece:

Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la orientación sexual de una persona física. En este contexto, es de importancia armonizar y complementar las normas mexicanas; que se proteja el derecho a la libre sindicación y que en los contratos colectivos se dediquen cláusulas para proteger el tratamiento de los datos personales de los trabajadores.

POR PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS

COMISIONADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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