Crisis en el gabinete de seguridad nacional

Esta crisis tiene dos orígenes: la lucha por el poder entre las instancias de seguridad nacional, y la desconfianza mutua entre miembros del gabinete


La violencia y el aumento en las actividades de las organizaciones delictivas tienen como origen múltiples variables. Eso ya lo sabemos. Pero lo que no reportan los informes, estadísticas e investigaciones especiales es la crisis política que se vive al interior del gabinete de seguridad nacional.

Esta crisis política tiene dos orígenes. El primero es la lucha por el poder político y económico entre las instancias de seguridad nacional; el segundo es la desconfianza mutua entre algunos miembros del gabinete que es causada por esta misma lucha de poder institucional.

La naturaleza de las organizaciones de seguridad nacional se sustenta en el principio del uso y gestión del poder para alcanzar los intereses nacionales. Desde esta perspectiva, los países tienen presupuestos limitados y estas restricciones presupuestales generan conflictos por el acceso a recursos humanos, tecnológicos y materiales. De la misma manera, las instancias de seguridad nacional también buscan acrecentar su poder a partir de marcos jurídicos que les permitan acceder a presupuestos extraordinarios para diferenciarse del resto.

El impasse que vive el proyecto de ley de seguridad interior no es culpa del congreso ni de los partidos. Por el contrario, se explica por la tensión cívico-militar al interior del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto.

Tanto legisladores como representantes de diversos partidos y del propio gobierno federal me corroboraron que las iniciativas en la materia se encuentran congeladas por la falta de operación política de la Secretaría de Gobernación y por la desconfianza para otorgar mayores poderes a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Podemos sugerir una pregunta clave de investigación para dar con el problema de esta ley: ¿existe un conflicto por el acceso a recursos extraordinarios para la seguridad nacional, por ejemplo, para la adquisición de mayores capacidades humanas, equipamiento y tecnológicas en materia de inteligencia o de despliegue territorial?

En Segob hay molestia por el cabildeo directo con legisladores por parte de Sedena, al igual que en Sedena hay molestia por la falta de apoyo de Segob. Frente al repunte de los niveles de violencia y a la crítica puntiaguda de thinks tanks nos podemos preguntar también si existe una lucha al interior del gabinete para asumir los costos del fracaso de las políticas de seguridad en este sexenio.

En mi opinión, el gobierno no estuvo cohesionado en torno al llamado legítimo de la Sedena y Semar para contar con una legislación que defina con claridad sus responsabilidades. Tampoco observo que podamos retirar a las fuerzas armadas de las calles como consecuencia de la incapacidad que tienen las autoridades civiles locales y federales.

En 2004 el Cisen pudo sacar de la congeladora la ley de Seguridad Nacional gracias a la crítica y trabajo constructivo con especialistas provenientes de diferentes universidades. Eso se llama trabajar bajo el principio de gobernanza. ¿Se podrá antes del 2018?

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