Corte ¿violadora?

Lo preocupante, ahora, es que los tres poderes de la Unión están en manos de una sola persona: el Presidente

Luis Soto / Agenda Confidencial / Heraldo de México
Luis Soto / Agenda Confidencial / Heraldo de México

En un hecho insólito, pero al mismo tiempo preocupante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto –al parecer por instrucciones de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía General de la República– una resolución que ya había discutido y votado, violando así la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según especialistas en materia jurídica.

Resulta que la Corte, en sesión del Tribunal Pleno del 20 de junio pasado, estableció que es necesaria la orden de un juez para que las autoridades investigadoras puedan obtener información financiera de una persona. Por tal motivo, el Pleno declaró inconstitucional el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que dichas instituciones estarán obligadas a dar información financiera sin que exista una orden judicial, cuando sea solicitada por el procurador general de la República (ahora fiscal general de la República) o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado. Ello al considerar que lo dispuesto en esta ley no forma parte de las atribuciones que la Constitución Federal otorga a la autoridad investigadora para la irrupción en la vida privada, ni para la investigación de los delitos. En sesión posterior, el Pleno de la SCJN determinará los efectos que tendrá la declaración de inconstitucionalidad del artículo y fracción mencionados, precisaba la información oficial de esa institución en su comunicado número 84 del pasado 20 de junio.

La Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República manifestaron su inconformidad y se desistieron del caso horas después del fallo, por lo que el Pleno de la Corte, con siete votos de los 11 ministros que lo integran, tuvo que recular y declarar procedente los desistimientos presentados tardíamente.

¿De qué se trata?, exclamaron los perplejos. ¿Acaso el máximo tribunal de justicia de la Nación ya no es el que garantiza el cumplimiento de la Constitución? Pues eso fue mientras la SCJN se mantuvo independiente del Ejecutivo y el Legislativo, afirman los expertos en la materia. Ahora parece que están al servicio del Ejecutivo, agregan.

Para nadie es un secreto que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue impuesto por ya sabes quién para presidir la Corte. Entre noviembre y diciembre del año pasado varios miembros del gabinete presidencial estuvieron cabildeando con la mayor parte de los 11 ministros que integran el Pleno de la Corte, para que votaran: Zaldivar for president, quien finalmente fue elegido. Lo preocupante es que ahora, los tres poderes de la Unión están en manos de una sola persona. Y la pegunta obligada: ¿Los asuntos que lleguen a la Corte de ahora en adelante se van a resolver con sentido jurídico o con sentido político?

Ante esta penosa situación, ningún ministro, mucho menos su presidente, podrá quejarse ni reclamar por qué califican a ese organismo como La tremenda Corte o la Corte de los milagros.

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@LUISSOTOAGENDA

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