El caso 911 en ProMéxico

Como Jimena Ángeles, 450 de sus compañeros fueron dados de baja desde el 31 de diciembre, sin previo aviso

Alejandro_Sánchez
Alejandro Sánchez / Contra las cuerdas / Heraldo de México

Jimena Ángeles, de 29 años, estaba de vacaciones en casa el 2 de enero, cuando comenzó a recibir mensajes de sus compañeros de trabajo que se alertaron por una extraña interrupción en el servicio biométrico en el que checaban su salida laboral. Desde días pasados, fuertes rumores hablaban de un probable cierre de ProMéxico, donde es jefa de Departamento de Turismo adscrito a la Unidad de Desarrollo Sectorial cuya tarea consistía en atraer pacientes extranjeros para someterlos a operaciones médicas en policlínicas nacionales.

Aunque su regreso a la oficina estaba programado para el 4 de enero, a la mañana siguiente de los avisos se levantó temprano y con una panza abultada por los siete meses de embarazo llegó a ProMéxico, en las faldas del Ajusco. Después de bajarse del auto y acercarse al acceso, empezó su periplo junto con el de otros 450 compañeros que ya no pudieron entrar a trabajar.

Por segunda vez buscaron hablar con un responsable de alto nivel. La primera fue en medio de los rumores, pero Faustino Cruz, encargado de ProMéxico, no tenía información y prometió averiguar qué iba a pasar sin que pudiera aclarar las cosas. Ese 3 de enero lograron reunirse con Federico Villaseñor, representante de Economía, en el auditorio de ProMéxico, y quien simplemente dijo: Nuestra relación laboral ha terminado. Habían sido dados de baja desde el 31 de diciembre sin previo aviso.

En las delegaciones de Economía de los estados, tampoco dejaron entrar a los directores de las oficinas de ProMéxico, donde se encontraban sus despachos en la mayoría de los casos. Era con ellos con quienes Jimena hacía enlace, así como con las oficinas en el exterior para facilitar los servicios médicos como bypass de corazón, reemplazo de cadera, de rodilla, implantes dentales, banda gástrica, servicios odontológicos y ginecológicos. Hasta ahora ninguno ha sido liquidado como marca la ley.

Los ingresos para el país en 2018, tan sólo por turismo médico fueron de 5.3 millones de dólares, sector que brilló como el de mayor auge y lo cual permitió desarrollar un importante clúster en la materia, sobre todo en el norte del país.

Los exfuncionarios como Jimena entienden el cambio de la política de la nueva administración y no exigen la restitución de los empleos, pero exigen que se respeten sus derechos laborales. Están sin trabajo en estos momentos y al no haber un decreto presidencial para la extinción de la paraestatal, no tienen documentos legales sobre el despido que les permita a la ex jefa de área y buena parte de los despedidos, solicitar un seguro de desempleo, para el pago de viviendas ante el Infonavit y colegiaturas escolares.

El número de empleada de Jimena, el 911, fue un mal augurio.

Ahora lanza un SOS para no perder el seguro y pueda dar a luz, reorganizar su vida como cabeza de familia y madre de otro niño de tres años que se ha quedado sin guardería ante el desmantelamiento de las mismas, también por parte del nuevo gobierno.

 

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@alexsanchezmx

 

 

 

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