¿Cómo nos arreglamos?

En septiembre empieza a circular un libro con los testimonios del primer fiscal anticorrupción del país, Ernesto Canales. Habla de obstáculos en la batalla contra ese cáncer social

Alfredo González / A fuego lento / Heraldo de México
Alfredo González / A fuego lento / Heraldo de México

La lucha contra la corrupción fue la principal bandera de campaña de Andrés Manuel López Obrador y estamos a unos días de conocer cuál será el as que trae bajo la manga para erradicar el mal de todos los males que aquejan a esta gloriosa nación.

Pero mientras eso ocurre, el próximo 1 de septiembre saldrá a la venta un libro que se titula ¿Cómo nos arreglamos?, que contiene el testimonio del primer fiscal anticorrupción designado en todo el país, Ernesto Canales Santos.

En sus páginas encontraremos pasajes y anécdotas de los dos años y medio que lleva al frente de la instancia encargada de investigar actos de corrupción en Nuevo León, primero como subprocuraduría y luego como fiscalía especializada.

De las primeras conclusiones a las que llega es que cuando se trata de enjuiciar a peces gordos nuestro sistema penal responde a intereses meramente políticos y económicos

La justicia se imparte según convenga a los gobiernos en turno. Y el mejor ejemplo es el caso del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien está en la calle gracias a un amparo.

Para don Ernesto, cuya trayectoria es reconocida dentro y fuera de México, las cosas han cambiado para seguir igual, como en la novela Il Gattopardo, del italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Por más reformas que haya, me comenta, ninguna investigación se convierte en sentencia. Además del juicio de amparo, otros obstáculos son el secreto bancario y las restricciones de los fiscales para tener acceso a los registros contables de los gobiernos.

Ésas fueron barreras que enfrentó y le impidieron lograr una sentencia contra Rodrigo Medina, quien tiene 15 denuncias en su contra y ninguna ha prosperado por la intervención divina del Poder Judicial.

La única indagatoria que tenía amplias posibilidades de caminar –por otorgar excepciones fiscales a la empresa automotriz Kia- se cayó por temor y complicidad de jueces estatales y federales.

Y es ahí, en el Poder Judicial, donde el fiscal Canales ve que se rompe el eslabón del combate a la corrupción en México. A los jueces, me dijo, les da miedo imponer sanciones. Están malacostumbrados y les cuesta trabajo decidir si se debe o no mandar a prisión a los corruptos.

Eso es en el mejor de los casos, en el peor, hay mucho dinero de por medio, pero es lo más difícil de comprobar.

Lo más triste para Ernesto es que en unos días dejará la Fiscalía y al preguntarle con qué sensación se va, su respuesta es poco alentadora:

Me voy con mucha frustración porque no hay manera de responder a las demandas de la sociedad.

En dos años y medio abrió 40 procesos, pero sin ningún resultado; además, dejará 180 carpetas de investigación que están esperando ser judicializadas.

Es decir, si tuviéramos que poner un marcador, sería: fiscal anticorrupción cero contra 240 casos de corrupción sin sentencia.

Lo que pasa en Nuevo León es una muestra de lo que ocurre en nuestro país. México es el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Ocupa la posición número de 135 de 180 en materia anticorrupción.

En el informe de corrupción, México alcanza 29 puntos, en una escala en la que 0 es lo más corrupto y 100 lo menos. Esto ubica al país en la misma posición que Honduras y Paraguay, pero por debajo de Brasil, Argentina y Colombia. Ésta es la realidad que debe atacar Andrés Manuel López Obrador, si quiere honrar la palabra empeñada durante toda su campaña. Y más le vale que se apure, porque la expectativa que generó es muy alta.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo:Cuanto más corrupta una sociedad, más numerosas las leyes.

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