Ciudad solidaria

Existen 458 comedores comunitarios activos que abren sus puertas de lunes a viernes, ofreciendo 65 mil raciones al día

Jaime Núñez / Al mando / Heraldo de México

Luego de la decisión del gobierno federal de eliminar varios programas de asistencia social como el de Comedores Comunitarios que en su momento llevó la Secretaría de Desarrollo Social –hoy Secretaría de Bienestar, al mando de María Luisa Albores–, la administración local encabezada por Claudia Sheinbaum decidió continuar con el programa que ha sido operado en la ciudad desde hace más de 10 años por la renovada Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) encabezada por Almudena Ocejo Rojo, de hecho, en la capital de la República tan sólo se tenía el registro de ocho comedores comunitarios que pertenecían al programa operado por la Federación.

Pues bien, en la actualidad en la CDMX existen 458 comedores comunitarios activos que abren sus puertas de lunes a viernes, ofreciendo 65 mil raciones al día, la meta de esta administración es llegar en el mediano plazo a 500 comedores.

La operación de cada unidad se da a través de un comité vecinal, responsable de preparar y servir las comidas con el apoyo de nutriólogos que elaboran menús balanceados para la comunidad beneficiada, el apoyo que brinda la administración local es mediante el abasto de productos no perecederos.

La ubicación de cada comedor comunitario se registra en zonas de alta y muy alta marginación, el costo para el beneficiario por cada comida es de tan sólo 10 pesos.

LA API MANZANILLO

Quien está dispuesto a trabajar con la ley bajo el brazo es el director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Héctor Mora Gómez, al asegurar que no dejará un resquicio a la corrupción, en sintonía con la Cuarta Transformación. Esto después de que el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, le dio el visto bueno en el cargo y advirtió que el funcionario es blanco de una campaña negra sin fundamento. Mora Gómez no es investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval, ni por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares; sin embargo, en Manzanillo sí hay un puñado de funcionarios a los que les siguen las pistas.

En noviembre del año pasado, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una carpeta de investigación en contra de Román Pablo Rangel Pinedo, titular del Órgano Interno de Control de la API Manzanillo, a quien se le señaló por intentar obstruir una terminal de fluidos que generaría más de mil empleos e inversión superior a los 800 millones de pesos.

Tenemos este caso en el radar, ya que la misma Función Pública descartó recientemente que servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cometieran irregularidades administrativas al negar a la empresa Porter FG México la concesión para construir, operar y explotar una terminal de uso particular especializada en el manejo de fluidos petroleros y no petroleros en una parte de la Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo.

Por JAIME NÚÑEZ

@JANUPI

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