Ejército y verdad

El Ejército es una institución respetada y temida con la que casi nadie –presidentes, legisladores, secretarios de Estado– se mete. Excepto López Obrador

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Alrededor de Los Pinos coexiste una historia singular: en los dominios del presidente –en las casillas instaladas en el barrio de El Molinito– históricamente la votación de la tropa del Ejército no lo ha favorecido.

Cada presidente ha tenido una relación particular con el Ejército. Los generales Juan Arévalo y Guillermo Galván eran muy queridos por los soldados, y el presidente más apreciado por la tropa ha sido Felipe Calderón.

El presidente panista consintió al Ejército desde el inicio, porque sabía que sería uno de los principales brazos ejecutores de la guerra contra el narco que pactó en la Casa Blanca. Pronto comenzarían a crecer las denuncias por violación de Derechos Humanos contra las Fuerzas Armadas.

En esa cercanía entre ambos tuvo que ver el secretario Galván, un puente eficaz entre el presidente y la Institución. Calderón cortejó a los soldados y a sus familias con aumentos salariales que al final del sexenio les duplicaron el sueldo hasta situarlos en niveles medianamente dignos, y a los altos oficiales con becas para universidades privadas.

Calderón se le metió a la tropa. Los soldados lo recuerdan con el fango en las rodillas, en distintas emergencias. En el desfile cantaba el Himno del Colegio Militar.

El Ejército es una institución respetada y temida con la que casi nadie –presidentes, diputados, senadores, secretarios de Estado– se mete.

Excepto Andrés Manuel López Obrador.

Hace unas semanas dijo que si gana las elecciones no utilizará al Ejército para reprimir al pueblo, y encarado por uno de los padres de los 43 normalistas respondió que esas preguntas deberían responderlas Peña y el Ejército.

Horas después, en una inusitada conferencia de prensa, la Secretaría de la Defensa le respondió sin citarlo, y llamó infundios a sus declaraciones. El líder de Morena no se retractó.

No se trata de ver quién tiene la razón: López Obrador con sus declaraciones a la ligera y generalizaciones a pasto –es el político que mejor conoce el país y sus problemas, pero superarlos no solo exige diagnósticos sino planes y propuestas sólidas– o Cienfuegos y el Ejército, que veloces respondieron que en los últimos 4 años disminuyeron 68 por ciento las quejas contra este cuerpo armado, como si el país comenzara o se detuviera en una fecha; como si una sola –un solo acto de tortura, una sola violación, un solo abuso– no contara.

En bien del país y de la verdad el general Cienfuegos y López Obrador deberían sentarse a debatir de manera pública sus consideraciones acerca de si el Ejército ha sido una institución garante (sostiene el general), o si ha violado derechos humanos en el ejercicio de sus funciones (dice el líder de Morena).

Es una idea vaga; lo idóneo sería que ante asuntos abiertos como Tlatlaya o Ayotzinapa, por citar sólo dos de ellos, se crearán comisiones con facultades para investigar, sustentadas en la constitución y el derecho de los ciudadanos a la verdad. O por lo menos a algunos fragmentos de ella.

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