Temporada de caza… mapaches

La Fepade toma medidas para disuadir a delincuentes electorales, pero sin la denuncia ciudadana los esfuerzos serán en vano

Temporada de caza… mapaches

Cometer delitos electorales se ha convertido en un deporte nacional. Sin embargo, ya transcurrieron seis meses del proceso electoral y ningún ciudadano ha presentado una sola denuncia. Las que existen (y con las que se ha superado el récord) fueron promovidas por partidos o actores políticos.

Para la autoridad electoral ese fenómeno tiene varias lecturas, entre ellas que el ciudadano no confía en sus autoridades, que existe temor o simplemente por apatía, porque nunca se castiga nada.

Esa es la razón por la que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales inició una campaña para fomentar las denuncias y hacerle saber a servidores públicos y actores políticos que cualquier violación a la ley será sancionada con penas económicas y hasta con cárcel.

Pero nos enfrentamos a una batalla como la de David contra Goliat. El fiscal Héctor Díaz Santana tiene tres meses en el cargo y apenas le ha dado tiempo para hacer un diagnóstico, atender las incidencias que se presentan y desahogar parte del rezago que encontró.

La cosa no suena fácil. Todo es cuesta arriba. De los 32 estados sólo 16 cuentan con una fiscalía especializada y buscan que otras entidades se sumen a la brevedad para vigilar la elección más grande de la historia.

En enero del 2007 la Fepade inició 351 averiguaciones previas y, dos años después, llegó a 500. En diciembre de 2012 tenía alrededor 600 y ahora cuenta con 4 mil. Y se espera que el número crezca considerablemente.

Por el sigilo de las investigaciones no se conoce quiénes son los promotores de las denuncias. Sólo se tiene certeza de que no son ciudadanos de a píe. Son de actores políticos.

¿Pero qué hacer frente a esta situación? ¿Qué hacer para no quedarse de brazos?, le pregunté al fiscal Héctor Díaz.

La Fepade, me dijo, trabaja en varias vertientes: Firmaron un acuerdo de colaboración con gobiernos estatales y secretarías de Estado –le llaman blindaje electoral- para evitar el uso de recursos públicos y programas sociales con fines electorales.

También, elaboran un mapa de riesgo para desplegar por todo el país ministerios públicos locales y federales con el fin de recibir denuncias el día de la elección.

Adicional a eso, diseñaron una cartilla de delitos electorales que fue entregada a 280 mil policías de 17 estados, para que sepan cuáles son las prácticas electorales susceptibles de denunciar y el protocolo que deben seguir.

Es muy probable que estas acciones no sean la panacea para ahuyentar a los delincuentes electorales, pero por algo se empieza. Vamos a ver si los candidatos a los más de 3 mil cargos de elección popular en juego le entran o prefieren seguir en la mediocridad democrática.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: Todo delito que no se convierte en escándalo, no existe para la sociedad. 

 

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