¿Blindando al enemigo?

¿Quiénes serían en México los compradores de estos autos y cuáles los riesgos?

Peniley Ramírez / Linotipia / Heraldo de México
Peniley Ramírez / Linotipia / Heraldo de México

El actual gobierno federal se ha empeñado en distanciarse de sus antecesores en cómo y en qué gasta el dinero público. Por eso no quiere aviones lujosos, promueve constantemente imágenes de qué comen sus funcionarios, en qué se mueven, cómo es su estilo de vivir mientras gobiernan es más cercano a una clase media trabajadora, en contraste con la apabullante presunción de riqueza (la mayoría de origen inexplicable o probadamente corrupto) que ha marcado a la política mexicana.

Todo eso suena muy bien. Las señales de alarma se encienden al revisar los costos y riesgos inherentes a esa estrategia. El más reciente ejemplo es la decisión del gobierno federal de rematar 263 de sus vehículos, la mayoría camionetas blindadas y semiblindadas, a finales de febrero en la base aérea de Santa Lucía. El dinero que esperan recaudar —unos 100 millones, dicen— iría a la Guardia Nacional. En abril, harán lo mismo con 76 aviones y helicópteros que antes sirvieron a funcionarios de alto nivel.

¿Quiénes serían en México los compradores de estos vehículos y cuáles son los riesgos de que caigan en manos del crimen organizado? México está entre los cinco primeros países en blindajes comerciales en el mundo. Desde 2012 se han establecido medidas para disminuir riesgos de que estos vehículos caigan en manos de la delincuencia, como prohibir las ventas al contado, en efectivo o establecer un registro de vehículos blindados.

El riesgo, dicen dos funcionarios del gobierno actual, consultados para esta columna, radica en los controles sobre quién compra y quién finalmente usa el vehículo después de una subasta pública.

Entre 2006 y 2016 el gobierno mexicano incautó 455 aeronaves en investigaciones federales por narcotráfico y lavado. Después de su aseguramiento, fueron resguardadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, almacenadas y algunas vendidas en subastas que seguirán las mismas reglas programadas para el tianguis de Santa Lucía.

Como parte de un reportaje que hicimos en Univision Investiga en 2017, un alto funcionario de esta institución aceptó que solo en los últimos tres años 55 aeronaves habían sido devueltas a sus dueños por órdenes de jueces. En la entrevista, el funcionario admitió que sus mecanismos de control de lavado no les permitían saber si quien compraba o reclamaba en juicio era un prestanombres del narcotráfico.

Es este punto ciego, precisamente, el que preocupa hoy a dos fuentes del actual gobierno que aceptaron hablar con El Heraldo de México a condición de anonimato. En las leyes, explicó uno de ellos, existen mecanismos para que los vehículos asegurados o propiedad del gobierno pasen a la Guardia Nacional sin necesidad de ser vendidos.

Una fuente cercana al Ejército dijo que es muy preocupante que estos compradores tengan acceso a instalaciones hasta ahora militares, como Santa Lucía. Esto no implica en automático, dijo, que se esté blindando al enemigo; pero mucho cuidado debe poner el nuevo gobierno en quiénes tendrán dinero para comprar en un par de semanas 100 millones de pesos en blindajes.

 

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@penileyramirez

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