Bartlett y la impunidad transexenal

La Secretaria de la Función Pública, por su parte, ha pasado de decir que lo atacan porque está dando resultados, a decir que no habrá intocables, a prejuzgar que no hubo omisiones en las declaraciones patrimoniales pues había adquirido los bienes mientras no era funcionario (vaya ridiculez).

Fernanda Caso. Opinión
Fernanda Caso/ Columnista/ Opinión El Heraldo de México

El caso de Bartlett es probablemente el más paradigmático de la  impunidad transexenal en nuestro tiempo. Un hombre que desde SEGOB orquestó un fraude electoral y fue la cara de la censura. Que salió del PRI para dirigir el grupo parlamentario del PT, partido cuyo valor históricamente ha residido en su capacidad para venderse al mejor postor. Que mientras hacía todo eso, se volvió multimillonario y llegó de nuevo al gabinete. Y hoy, después de que todo se ha hecho público, sigue acudiendo todas las mañanas campante a trabajar, respondiendo cínicamente a la prensa y disfrutando sus propiedades al amparo de un Presidente que pregonaba la lucha anticorrupción en campaña pero hoy no deja de refrendarle la certeza de impunidad.

La segunda entrega de esta investigación de Arelí Quintero, presentada por Carlos Loret, que suma 12 empresas y conflictos de interés a las propiedades de las que previamente habíamos tenido notica, muestra una capa más en la montaña de corrupción en la que vive el funcionario.

La Secretaria de la Función Pública, por su parte,  ha pasado de decir que lo atacan porque está dando resultados, a decir que no habrá intocables, a prejuzgar que no hubo omisiones en las declaraciones patrimoniales pues había adquirido los bienes mientras no era funcionario (vaya ridiculez).

Sin embargo, difícilmente la solución saldrá de la SFP.  El juego real está en la Fiscalía General de la República y su Fiscalía Anticorrupción. Suponiendo un mínimo de voluntad, la Secretaría podría multar e inhabilitar. La Fiscalía, en cambio,  puede iniciar un proceso penal que lleve a Bartlett a la cárcel.

Más allá del mecanismo utilizado por Bartlett & Co. Para hacerse del patrimonio, el artículo 224 del Código Penal Federal describe el delito de enriquecimiento ilícito como la incapacidad de un funcionario de acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño Posteriormente agrega los bienes de su cónyuge y dependientes económicos.

Es decir, no se necesita siquiera investigar de dónde salió su dinero. La simple incapacidad de explicar cómo adquirió bienes respecto de los cuales se comporta como dueño es la confirmación del delito. Si además, hijos y novia (/concubina/amor libre) son sus dependientes económicos, es un dato cuya documentación le tomaría a la autoridad aproximadamente 10 minutos de revisión de declaraciones de impuestos de los últimos años.

Esta investigación es un regalo para la autoridad. El trabajo ya está hecho. Los documentos de prueba están en su escritorio, basta iniciar un proceso formal.

La autonomía de la FGR no había hecho tanto sentido desde el escándalo de La Casa Blanca. Es este el momento en el que la Fiscalía debe defender su independencia, asumir su peso político, dar un paso hacia la justicia y terminar con la complicidad.

Fernanda Caso

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