Baja California y el atropello a la democracia

De no corregirse e invalidarse esta reforma, se sentaría un precedente muy grave y muy peligroso para el país

Miguel Ángel Osorio Chong / Opinión de El Heraldo de México / Columna Invitada
Miguel Ángel Osorio Chong / Opinión de El Heraldo de México / Columna Invitada

La reforma a la Constitución de Baja California, aprobada por el Congreso de esa entidad, es un fraude a la ley y un atentado contra el orden democrático.

Se trata de una decisión alarmante; en primer lugar, porque lo aprobado por los diputados locales violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el orden federal. Y en segundo, porque va en contra de la voluntad democrática de los votantes. Explico:

La reforma en cuestión, votada por legisladores de todos los partidos, a propuesta de Morena, tiene nombre y apellido: el del gobernador electo Jaime Bonilla, de ese partido.

Lo que buscan es ampliar su mandato, y postergar tres años la fecha de la próxima elección. Algo, de por sí, ilegal. Pero además, Bonilla ha sido acusado por los propios legisladores de ofrecer sobornos y ejercer presión para que la reforma fuera aprobada.

Todo esto invalida aún más la decisión, y debe ser investigado y castigado, por las autoridades locales y federales, pero también por los institutos políticos a los que pertenecen todos los involucrados.

Otra cuestión a considerar, es que una decisión como ésta merma la legitimidad de los poderes públicos, del Congreso local, y de los gobiernos saliente y entrante. Algo que en sí mismo es muy preocupante. Y sin duda lo más grave es que se está atentando contra la voluntad ciudadana. En la elección de junio, las y los bajacalifornianos votaron a un gobernador para un periodo de dos años. Cambiar la ley, para que gobierne cinco, es un engaño y una estafa a quienes salieron a las urnas; y un atropello a la democracia.

De no corregirse e invalidarse esta reforma, se sentaría un precedente muy grave y muy peligroso para el país. ¿Qué aseguraría que en el futuro, el Congreso de Baja California, o de cualquier otro estado, reduzca el mandato de un gobernador en funciones; o que una mayoría en el Congreso federal, decida alargar o acortar un mandato presidencial, en contra de lo que los ciudadanos decidieron en las urnas?

En este contexto, es de reconocer que algunas autoridades locales hayan decidido tomar en sus manos esta responsabilidad y presentar los recursos legales correspondientes. Sin embargo, es fundamental que el resto de los poderes y órdenes de gobierno, desde el gobierno del estado, hasta el Congreso y el gobierno federal, hagamos lo que esté a nuestro alcance para que Baja California vuelva al orden constitucional y se restaure el Estado de Derecho. No hacerlo es una irresponsabilidad.

El estado de Baja California, y el país, necesitan que este fraude a la ley sea revertido lo más pronto posible. Y que, como refería, se evite un precedente peligroso para nuestro orden democrático y para la República.

POR MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

COORDINADOR DE LOS SENADORES DEL PRI

@OSORIOCHONG

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