AMLO pretende legislar

Por apabullante que sea, el poder político no puede estar por encima de las leyes

Enrique Rodríguez / Libertad bajo palabra / Heraldo de México
Enrique Rodríguez / Libertad bajo palabra / Heraldo de México

Debo reconocer que al enterarme del memorándum firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar sin efecto la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, mi primera reflexión fue que se trataba de una broma o una noticia falsa que circulaba en las redes sociales. La prueba que echó en tierra mi suposición inicial fue un video grabado por el propio AMLO en su despacho de Palacio Nacional y su firma autógrafa en el texto fechado el martes 16 de abril.

El documento invade atribuciones del Poder Legislativo y violenta un principio básico del artículo 16 constitucional que determina que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, además de ser emitido por una autoridad competente.

La instrucción presidencial, no se funda, ni motiva en ninguna disposición legal y desconoce el texto vigente de nuestra Constitución; independientemente de que guste o no, sea despreciada por el Gobierno Federal, aborrecida por la beligerante CNTE o la resucitada Elba Esther Gordillo y quienes se acumulen.

Es delicado que a través de ese texto que carece de fuerza jurídica se pretenda sustituir una facultad del Congreso de la Unión. Por apabullante que sea, el poder político no puede estar por encima de las leyes. Es claro que la 4T revertirá la Reforma Educativa, pero lo tendrá que hacer observando los requisitos que establece la propia Constitución.

El afán presidencial ha pasado por encima de cualquier filtro de elemental análisis jurídico y dirige su instrucción a Esteban Moctezuma, titular de la SEP, Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y a la titular de Gobernación, Olga Sánchez. Antes de ejecutar la orden, doña Olga, también ministra en retiro, deberá anticiparle al Presidente que su documento es vulnerable y podrá ser atacado con éxito por la vía de una controversia constitucional o incluso un amparo, su ilegalidad es manifiesta.

El texto político ordena a la Segob realizar las diligencias para liberar a profesores y luchadores sociales que están en prisión, según se lee, por oponerse a la Reforma Educativa o por haber participado en causas sociales justas. ¿A juicio de quién y con qué parámetros subjetivos se determinará la justicia de esas acciones que se atribuyen a personas señaladas por la comisión de hechos ilícitos? En vía de hecho se pretende abrogar el texto constitucional vigente, a través de un memorándum que sólo torciendo la ley pasaría la prueba de la Suprema Corte de Justicia, institución garante de la Constitución.

EDICTOS: Para combatir esta instrucción presidencial, la asociación Mexicanos Primero podría presentar un amparo, ya que la Corte le reconoció en marzo de 2015 legitimación para impugnar disposiciones generales en materia de educación. En esa resolución unánime, votó el ministro Arturo Zaldívar, actual presidente del Máximo Tribunal y Olga Sánchez Cordero, que ahora despacha en Bucareli.

Hasta el jueves.

 

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@JENROMA27

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