Alejandro Gertz y el pacto de impunidad

El cambio en la FGR no debe quedar en manos del propio Fiscal, es desde ahora una obligación moral del Presidente garantizar su total autonomía de este y anteriores gobiernos

Rubén Salazar Vázquez / Director de Etellekt / Columnista Invitado

A unos días del Primer Informe de la 4T, con todo y bailongo, en el Zócalo de la Ciudad de México, una nueva crisis la ha cimbrado desde sus cimientos: el abogado del Fiscal Alejando Gertz, es ni más ni menos que Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, actualmente prófugo, acusado por actos de corrupción como director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto.

Que el abogado de Lozoya sea al mismo tiempo apoderado legal del Fiscal General de la República, podría convertir la persecución contra el ex director de Pemex en una mera simulación y sembrar dudas razonables sobre las verdaderas razones que permitieron la fuga del ex funcionario. Un hecho que alimenta más la hipótesis del pacto de impunidad entre AMLO y EPN que habría allanado el camino a Morena para asumir la Presidencia a cambio de que la 4T garantizara a Peña y su primer círculo total inmunidad, borrón y cuenta nueva o punto final.

Pues hasta antes de la persecución a Lozoya, ni Peña o altos ex funcionarios de su administración habían sido tocados con el pétalo de una rosa. No es mi fuerte la venganza, ha señalado AMLO con insistencia. Pero según me revelaron operadores de alto nivel de la 4T, AMLO habría pedido seleccionar un blanco del peñismo, en la baraja estuvieron Rosario Robles y Emilio Lozoya, decantándose por este último, como parte de una investigación que abarcaría a ex integrantes del Consejo de Administración de Pemex, responsables por colusión o encubrimiento de la compra de las plantas de fertilizantes Agronitrogenados y Fertinal. Lozoya se convirtió al final en el nuevo chivo expiatorio del régimen, en el nuevo Duarte o Borge, detenidos por el gobierno de EPN y su grupo compacto para salvar sus pescuezos ante escándalos de corrupción en que se vieron envueltos: Casa Blanca, Malinalco, Odebrecht, OHL, Grupo Higa, entre otros. Con esa decisión, quisieron asumirse fallidamente como paladines del combate a la corrupción para rescatar el barco, pero fracasaron y optaron por dejar el poder en manos de la izquierda, ante las amenazas de Ricardo Anaya.

Ahora, con la caída de Lozoya, buscan garantizar un pacto de impunidad transexenal, cuyo fracaso podría comprometer la libertad del actual presidente López Obrador, quien junto a sus antecesores, hoy intocables, podría pisar la cárcel una vez dejando el cargo, si no logra ceder la estafeta a Morena, ante el hartazgo y desencanto ciudadanos por la incontenible impunidad, inseguridad y caída del empleo que ha marcado los primeros siete meses de su gestión, pero sobre todo si no logra despejar las dudas crecientes de este supuesto pacto de impunidad con Peña. Es momento de que AMLO entienda que la 4T puede entrar en caída libre si persiste en poner punto final a la impunidad de los últimos dos sexenios en temas de corrupción y violencia. Llevar a cabo esa tarea con un Fiscal General cuyo abogado defiende a funcionarios de Peña, denunciados por corrupción, es darnos atole con el dedo. El cambio en la FGR no debe quedar en manos del propio Fiscal, es desde ahora una obligación moral del Presidente garantizar su total autonomía de este y anteriores gobiernos.

Por Rubén Salazar

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