A favor del derecho a la información en redes sociales

El derecho a la privacidad o intimidad puede, en ocasiones, verse limitado en aras del interés público

Hilda Nucci / Heraldo de México
Hilda Nucci / Heraldo de México / Columna Invitada

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió el amparo en revisión 1005/2018 ponderando a favor del derecho de acceso a la información versus el derecho a la privacidad del servidor público.

En este caso, se ordenó al Fiscal General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave desbloquear a un periodista de su cuenta personal en la red social Twitter.

Al ser el Fiscal General un funcionario público, la información de su cuenta de Twitter es considerada como información de interés general y todos tenemos el derecho de acceder a ella de acuerdo con el artículo sexto constitucional.

En este sentido, los servidores públicos manejan un sincretismo entre la vida privada y la vida pública, el derecho a la privacidad o intimidad de éstos puede en ocasiones verse limitado en aras del interés público. Por ejemplo, su curriculum vitae o las llamadas versiones públicas de los mismos, permiten a la comunidad ejercer el escrutinio sobre los perfiles y la idoneidad para ocupar los cargos públicos.

En la presente resolución no se atenta contra el derecho a la intimidad o privacidad de los servidores públicos, por el contrario, a la información contenida en dicha red social no pudo dársele el tratamiento de información reservada o confidencial, por lo que no se vulneró el derecho a la autodeterminación informativa del Fiscal General, —que no es otra cosa que disponer por nosotros mismos cuando y dentro de que límites decidimos proceder a revelar situaciones referentes a nuestra propia vida privada—.

Jorge Winckler Ortiz creó una cuenta en Twitter para informar acerca de su labor como funcionario público y, durante el proceso, no expuso razones suficientes para que la cuenta fuera considerara como privada, asumiendo voluntariamente al igual que otros servidores públicos el riesgo a ser expuestos mediante el uso de las redes sociales y otros medios de comunicación como parte de su gestión pública.

El derecho a la información de los servidores públicos no significa que sea menos protegido que el de los particulares, sino que existen informaciones que deben darse a conocer independientemente de su voluntad como parte del cumplimiento de las obligaciones jurídicas al momento de asumir el cargo.

Un gobierno democrático, de acuerdo a Norberto Bobbio, debe poner un acento en la publicidad, en el sentido de hacer públicos los actos del Estado. Por ello, los servidores públicos están obligados a proporcionar información acerca de su trabajo, la democracia conlleva a una visibilidad mayor de estos funcionarios a fin de salvaguardar la rendición de cuentas, por tener relevancia pública y por ser información considerada de interés general.

Los servidores públicos no tienen un derecho absoluto en relación a su derecho a la privacidad o la intimidad, estos derechos se condicionan en función del derecho a saber de las personas, para así garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública.

 

HILDA NUCCI COLABORADORA

@HILNUCCI

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