El papel de la IP en el desarrollo

Los concesionarios pertenecientes a la AMCIV cuentan con una cartera de proyectos cercana a 50 mil millones de pesos, lo que representará la creación de casi 100 mil nuevos empleos directos

Marco Frías / Director de la AMCIV, A.C / Tiempos de Infraestructura
Marco Frías / Director de la AMCIV, A.C / Tiempos de Infraestructura

EL PASADO mes de julio, los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, Arturo Herrera y Javier Jiménez Espriú, respectivamente, anunciaron una inversión de aproximadamente 20 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura carretera, cuya fuente de financiamiento será privada.

Este anuncio resulta de la mayor trascendencia por distintas razones; primero, por la importante señal de confianza que se manda desde el gobierno de la República hacia los inversionistas; segundo, porque esta inyección de capital permitirá reactivar significativamente al sector de la construcción, fundamental para la economía de México; y tercero, porque implícitamente se reafirma la importancia del sistema de concesiones de autopistas para el desarrollo de más y mejores carreteras, mediante esquemas de participación privada en donde se asegura la construcción y operación de vías de alta calidad, además de que se permitirá a la administración del presidente López Obrador, destinar un mayor gasto público para atender más eficaz, las urgentes disparidades económicas y sociales que aún persisten.

Sobre este último punto, es relevante hacer mención de la evolución del sistema de concesiones de autopistas en nuestro país. Hemos transitado de un modelo poco exitoso en donde los constructores se convirtieron, muchos de ellos sin experiencia, en operadores, a través de esquemas financieros laxamente estructurados y un marco legal poco propicio para instrumentar exitosamente proyectos de tal dimensión (cuestión que en buena medida originó el rescate carretero de 1997), a uno en donde prevalece una multiplicidad de actores con alta especialización, en un contexto institucional que garantiza procesos transparentes y otorga mayor certeza legal a los jugadores del sector y al propio gobierno.

Sí bien el modelo de concesiones debe continuar evolucionando (¿Cómo atraer más inversión privada manteniendo altos beneficios sociales?), son más que evidentes las ventajas que su correcta aplicación le ha representado a nuestro país.

La legislación vigente señala claramente que una concesión es un acto mediante el cual el Estado otorga a un particular el derecho a prestar un servicio público y a explotar bienes del dominio público, durante un tiempo determinado, sujeto a diversas condiciones que pretenden preservar el interés público. Es decir, las concesiones son actos mediante los cuales el Estado, además de preservar siempre la posesión pública del activo, reorienta el gasto y en paralelo incrementa su patrimonio vial, a través de recursos privados y sin cargas adicionales a los contribuyentes. Sobre este tema vale la pena puntualizar en un par de datos relevantes.

Las redes concesionadas, a nivel federal y estatal, se componen por más de 6 mil kilómetros operados por particulares (esto equivale sólo a 1.5 por ciento de toda la red vial de México). Históricamente, los concesionarios privados han invertido en la construcción de estas vías de comunicación, casi un billón de pesos a precios constantes (junio 2018=100), lo que ha significado un importante efecto económico multiplicador que, a lo largo de casi tres décadas, ha traído grandes beneficios en materia de desarrollo y de conectividad. Pero estos beneficios no sólo se reflejan a nivel macro; la inversión realizada en el sector tiene un impacto directo en la vida de las personas. Una nueva autopista representa traslados más eficientes y seguros; representa también el acercar a comunidades con centros de salud, con escuelas y con fuentes de empleo, mejorando en automático, las posibilidades de prosperidad de las personas.

Este sector se ha caracterizado también por ser un importante creador de empleos a nivel nacional. Al día de hoy, la operación de estos 6 mil kilómetros de autopistas representa 15 mil empleos a lo largo y ancho de nuestro país; muchos de ellos en las zonas en las que se sitúan las distintas plazas de cobro, en las cuales, adicionalmente, se realizan actividades económicas paralelas (particularmente comercio y otras actividades relacionadas con la propia operación) que benefician a los habitantes de estos lugares. De igual forma, es relevante destacar la labor social que realizan muchos de los concesionarios en conjunto con estas comunidades. El desarrollo y la operación de grandes proyectos de infraestructura conlleva un compromiso de vinculación y trabajo conjunto con las poblaciones, siempre para mejorar su entorno.

Los miembros de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, A.C., (AMCIV) tenemos el compromiso de continuar trabajando estrechamente con los gobiernos federal y estatales a fin de eliminar la brecha existente en materia de infraestructura de transporte en nuestro país. Los concesionarios pertenecientes a la AMCIV cuentan con una cartera de proyectos (nuevos y de continuidad) cercana a 50 mil millones de pesos, lo que representará la creación de casi 100 mil nuevos empleos directos y 375 mil indirectos. Además de estos, esperamos participar activamente en la ejecución de otras importantes prioridades que se verán reflejadas en el Programa Nacional de Infraestructura, así como en la presentación de Propuestas No Solicitadas.

Anuncios como el realizado por los secretarios Herrera y Jiménez, trazan el camino correcto para fomentar la inversión en este relevante sector y el desarrollo de México.

Por Marco Frías

Director de la AMCIV, A.C

@AMCIVAC

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