4T y gobernabilidad

La violencia y ocupación territorial del crimen organizado en sus múltiples expresiones se extiende y crece a una velocidad inesperada en todo el país

Ricardo Pascoe
Ricardo Pascoe / Mirando al otro lado / El Heraldo de México

Los problemas de gobierno le están creciendo y rebasando al gobierno federal, encabezado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y cuyo proyecto estratégico se define por la imposición de una transformación radical al país, con o sin consenso social. A la par de la situación de creciente deterioro en la gobernabilidad que enfrenta el gobierno federal, igual está ocurriendo con las administraciones estatales encabezadas por la misma corriente.

La violencia y ocupación territorial que practica el crimen organizado en sus múltiples expresiones se extiende y crece a una velocidad inesperada en todo el país. El gobierno federal titubea, consiente y quiere dialogar con las organizaciones criminales bajo la premisa de que recapacitarán en su debido momento y depondrán sus armas.

Esa política de brazos caídos ante la delincuencia ha colocado a México en una doble encrucijada. Por un lado, la delincuencia amenaza directamente a la existencia del Estado nacional, erigiéndose en el problema interno de seguridad nacional más grave del país, mientras los homicidios dolosos crecen vertiginosamente.

Por otro lado, coloca al país en la indefensión frente a las presiones internacionales de círculos de seguridad y financieros que no aceptan que México caiga en brazos del narcotráfico y se convierta en un Estado fallido. Las advertencias y las amenazas las escuchó directamente Andrés Manuel López Obrador del fiscal estadounidense William Barr.

Lo más probable es que López Obrador haya hecho concesiones inconfesables al inquilino de la Casa Blanca.

Las políticas económicas del gobierno están rápidamente destruyendo las posibilidades no sólo de crecimiento, sino de elemental estabilidad sin crecimiento de la planta productiva nacional. Olvidémonos de crecer: pensemos en simplemente mantener la inercia de una actividad económica poco dinámica, pero estable. Pero parece que ni esas metas poco ambiciosas van a ser alcanzadas.

De hecho, el escenario más optimista indica que al año 2020 podría ser el último de cierto equilibrio en las finanzas públicas entre ingresos y egresos. A partir de ahí, y con la recaudación fiscal bajando y la inversión pública en obra física disminuida, el reto de mantener programas de reparto de dinero personalizado en todo el país y mantener obras públicas como la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía estará bajo severa presión.

Pero el gobierno federal va adelante con sus proyectos, sin resolver observaciones o críticas. Y para consolidar su poder, ha emprendido la colonización morenista, por las buenas y malas, de otros poderes, como el Poder Judicial, además de todos los órganos autónomos posibles.

Ocupó ilegalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ahora va por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) .

No discute ni negocia. Arrebata. Impone su voluntad por la fuerza y con chantajes de emprender acciones legales contra opositores. Todo esto sucede en el contexto de un deterioro de las relaciones entre fuerzas políticas.

El Presidente de México nunca se ha reunido con los líderes de la oposición. Desprecia y trata con amenazas publicas y privadas a las cabezas de otras corrientes de opinión. Piensa que gobernar significa aplastar, disminuir, insultar y amenazar al otro, al que no comparte su opinión. Piensa que no tiene que negociar con nadie. Excepto, por supuesto, con el presidente de EU, Donald Trump, y el capital internacional, pues ahí sí se doblega, negociando la soberanía nacional.

En los estados gobernados por Morena sucede algo parecido. La situación está igualmente grave en seguridad, economía y gobernabilidad, pero tampoco dialogan con la oposición. No se conciben como estadistas. Se consideran gobernantes de pelea y confrontación. Claro, sus rostros reflejan el saldo de ese modelo de gobernabilidad: desde la Ciudad de México, pasando por Morelos y Veracruz, todos sus gobernantes tiene fracaso reflejado en sus caras, en sus conductas subordinadas al Presidente y su modo confrontacional de gobernar.

No existe diálogo político en México. Existe la imposición de una franquicia política que cree que las urnas le dieron el mandato para no negociar, simplemente ignorar a la otra mitad del país. La 4T tiene, en esencia, una interpretación sectaria y excluyente de su papel como gobernante.

El problema central de la 4T reside en que aplica un modelo de gobernabilidad basado en la imposición autoritaria de su voluntad. Diálogo y negociación no tienen lugar en su vocabulario. Y cuando se combina la negación al diálogo (excepto con Washington) con la presencia del narcotráfico, violencia y una economía en recesión, no se le deja opciones al país. Ese modelo de gobernabilidad muestra que no es tal y que condena a México a una acelerada espiral de fracasos y retrocesos.

POR RICARDO PASCOE
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@RPASCOEP



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