El pasado miércoles 11 de septiembre, el Senado aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma al Poder Judicial. Ese mismo día fue enviada a los congresos locales de las 32 entidades federativas para su aprobación.
Finalmente, la minuta con proyecto de decreto fue aprobada por más de 20 congresos estatales, y este domingo 15 el Presidente de la República la publicó en el Diario Oficial de la Federación, acto con el que quedó formalmente promulgada. En estos días de fiestas patrias, nada mejor que entregarle este resultado al pueblo de México.
La reforma judicial aprobada por el Poder Legislativo tiene como objetivo principal modificar la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la elección de ministros, magistrados y jueces. Algunos de los cambios más importantes incluyen:
- Lucha contra la corrupción: uno de los argumentos más sólidos a favor de la reforma es que busca combatir la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, un problema que ha sido ampliamente documentado a lo largo de los años. Para nuestro Presidente, el sistema judicial mexicano ha sido históricamente susceptible a influencias externas, incluyendo el poder económico y político, lo que ha socavado la confianza en la justicia.
- Democratización del Poder Judicial: otro aspecto central es la búsqueda de una instancia más cercana a las necesidades del pueblo. En su forma actual, el sistema judicial a menudo es percibido como inaccesible para la mayoría de la población, que se enfrenta a trámites largos y complicados, además de barreras económicas. La reforma propone cambios que facilitarían el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la sociedad, reduciendo la brecha de poder entre la élite judicial y la ciudadanía.
- Fortalecimiento de la rendición de cuentas: el sistema judicial mexicano, en su estado actual, ha sido criticado por la falta de mecanismos efectivos para evaluar el desempeño de jueces y magistrados. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador busca establecer mayores controles sobre el actuar de jueces y magistrados, permitiendo que se revisen las decisiones controversiales y que se sancionen sus conductas inapropiadas. La idea es que los funcionarios ya no gocen de impunidad ni de intocabilidad, sino que estén sujetos a un escrutinio constante por parte de órganos reguladores.
- Transformación estructural: la reforma propuesta por el Presidente también apunta a una transformación estructural del Poder Judicial. Esto incluye la revisión de la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los órganos encargados de supervisar y evaluar el sistema judicial.
- Autonomía y equilibrio de poderes: una de las críticas emitidas contra la reforma es el temor de que podría comprometer la autonomía del Poder Judicial, sometiéndolo al control del Ejecutivo. Sin embargo, lejos de socavar la independencia judicial, los cambios propuestos buscan equilibrar el poder entre las diferentes ramas del gobierno y asegurar que ninguna se sobreponga a las otras.
La reforma al Poder Judicial impulsada por López Obrador plantea cambios significativos que buscan combatir la corrupción, democratizar el acceso a la justicia y fortalecer la rendición de cuentas dentro del sistema judicial mexicano.
POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SENADORA DE MORENA POR HIDALGO
@MARIAMERCEDG
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