El Poder Judicial de México enfrenta una de las mayores crisis de su historia reciente. Desde el 21 de agosto, un sector significativo de jueces y magistrados de distrito, representados por la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, ha decidido sumarse a un paro nacional en protesta por diversas inconformidades laborales y la reforma aprobada.
Esta acción ha desencadenado una serie de repercusiones que ponen en jaque el funcionamiento del sistema de justicia en el país y abren un debate crucial.
El movimiento cuenta con el apoyo de aproximadamente 1,400 jueces y magistrados, pero no ha logrado unificar a todo el Poder Judicial. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (STPJ), que representa a 32,000 de los 55,000 empleados del sector, se ha mantenido al margen de la huelga, denunciando ‘presuntas amenazas’ y ‘presiones’ para unirse a la protesta contra su voluntad.
Esta división evidencia un conflicto interno en el que se contraponen las diferentes posturas frente a las políticas que afectan a este poder del Estado.
La suspensión de actividades en el Poder Judicial no es absoluta. Los casos urgentes, como aquellos relacionados con la privación de la libertad, el acceso al agua, la electricidad, la salud, y situaciones que impliquen riesgo de vida o integridad física, deben ser atendidos.
En medio de este panorama convulso, la ministra presidenta, Norma Piña, presentó, el 9 de septiembre, una contrapropuesta que ha generado gran controversia por el reconocimiento implícito que supone.
En ella, se reveló que en 2022 había 24,546 empleados judiciales con al menos un familiar dentro del Poder Judicial, representando el ¡49% del total de servidores públicos en activo! Esta declaración confirma las prácticas de nepotismo dentro del sistema judicial, lo que suma a los argumentos en medio de las tensiones actuales.
En el laberinto intrincado del Poder Judicial, donde las palabras justicia y verdad se entrecruzan como fantasmas en busca de un rostro propio, se alza la paradoja de un sistema que, durante décadas, tuvo frente a sí el espejo de su propia reforma y, sin embargo, prefirió contemplar su reflejo con los ojos entrecerrados, cómodamente ciego a las sombras que lo rondaban.
Como un anciano que guarda en su baúl las llaves de puertas que nunca se atreverá a abrir, el sistema de justicia se quedó quieto, inmóvil en plazos, dejando que el polvo del tiempo se asentara sobre expedientes eternos congelados. Mientras afuera, en las calles de un país agrietado, la gente esperaba con sus manos vacías, los labios secos de promesas no cumplidas, la luz que nunca llegaba de justicia. En su quietud, se escondía la comodidad del poder no tocado en décadas, del privilegio heredado, y en su inmovilidad: la amarga semilla de un cambio que nunca quiso o se pudo gestar.
POR GABRIEL TORRES ESPINOZA
PROFESOR E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
@GABRIELTORRESES
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