Ayer, en el Día Mundial del Medio Ambiente, los científicos confirmaron que hemos rebasado el límite de 1.5 °C, lo que indica impactos irreversibles en nuestro sistema planetario.
A pesar de los avances tecnológicos, la falta de acción revela que la crisis climática no es sólo ambiental, sino una crisis civilizatoria que cuestiona nuestros sistemas económico, social y político. Esta crisis está intrínsecamente vinculada a la desigualdad y a la falta de acción de quienes son responsables del problema.
Según el Reporte de Desigualdad Climática de 2023, el 10% más rico del mundo es responsable de casi la mitad de las emisiones globales de carbono, y el 1% superior emite más que toda la mitad inferior de la población mundial. Sin embargo, esta dimensión de la desigualdad está invisibilizada por la agenda climática, dividida en soluciones de mitigación y adaptación y bajo el prisma de la división política de Estados-Nación.
Mientras los países industrializados son responsables de la mayor parte de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, los países del Sur Global enfrentan 75-80% de estos costos, a pesar de contribuir menos a las emisiones globales. Muchos países del Sur Global son significativamente más pobres hoy, debido a la emergencia climática, proyectándose pérdidas de ingresos de más de 80% para el final del siglo.
Este enfoque del Norte y Sur Global ha impedido reconocer que la desigualdad de carbono dentro de los países ahora constituye la mayor parte de la desigualdad de emisiones globales, representando aproximadamente dos tercios del total, una reversión completa en comparación con 1990.
Dentro de los países, los pobres sufren mayores pérdidas por los impactos climáticos que los grupos más acomodados. Las pérdidas de ingresos por peligros climáticos de 40% inferior son 70% mayores que el promedio en países de ingresos bajos y medios.
Las personas en países de bajos ingresos tienen cinco veces más probabilidades de ser desplazadas por desastres climáticos que aquellas en países de altos ingresos.
También viven en áreas más susceptibles a desastres naturales y dependen de recursos naturales afectados por sequías, inundaciones y tormentas. En muchas regiones de bajos ingresos, la productividad agrícola ha disminuido más de 30%, debido a la crisis climática, agravando la pobreza y la inseguridad alimentaria.
En ese marco, no sorprende que México, como un país muy desigual, sea el cuarto de mayor riesgo a los desastres naturales, incluyendo los impactos climáticos. La crisis climática exacerba esta desigualdad, como lo mostró el huracán Otis.
La elección de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México, quien enarboló la lucha contra la pobreza como su bandera y es experta en cambio climático, debería ofrecernos esperanza. Es hora de que en México se introduzcan esquemas basados en los principios de justicia climática y "quien contamina paga", lo que generará incentivos para la eficiencia e innovación energéticas, avanzando la transición energética, y liberando recursos para que el Estado enfrente los retos de la crisis climática para los más pobres.
POR ISABEL STUDER
PRESIDENTA DE SOSTENIBILIDAD GLOBAL
ISABEL.STUDER@SOSTENIBILIDADGLOBAL.ORG
@ISASTUDER
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