En la época actual, en un contexto nacional complejo y tenso por el ambiente electoral, la pérdida de valores, los discursos de odio, las divisiones sociales, la violencia y la intolerancia han llegado a las instituciones públicas.
La ética —que parte de la educación y contribuye al desarrollo de la paz, el diálogo y una toma positiva de decisiones— posibilita la gobernabilidad de las instituciones. De esta forma, ¿quiénes deberían de integrar los comités de ética?
Cuando al interior de una institución pública se comete un acto de violencia, el comité de ética debe brindar apoyo a la víctima, investigar el caso e incluso tramitarlo ante el Órgano Interno de Control para que se implementen las sanciones correspondientes.
Por ejemplo, el Comité de Ética del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es quien da cauce a las denuncias sobre acoso sexual, hostigamiento laboral, faltas de respeto, o cualquier tipo de violencia interior de la institución. Se integra por representantes de los distintos niveles jerárquicos que hay en el Instituto y que dependen de algún Comisionado o Comisionada, y también por el Órgano Interno de Control.
Sin embargo, ante diversas resoluciones que han causado polémica, desde hace más de un año realicé una propuesta de reestructuración para incluir personas externas que sean especialistas en derecho y en género. Tenemos un compromiso con la protección de los derechos de las víctimas y la promoción de ambientes seguros y equitativos en nuestro lugar de trabajo.
El acoso sexual, en particular el acoso vertical perpetrado por personas con superioridad jerárquica, es una de las formas más graves de violencia laboral. Aunque existen disposiciones legales para sancionar estas conductas, la implementación efectiva y la protección de las víctimas requieren de acciones más concretas por parte de las instituciones.
El actuar de las personas que integran un comité de ética debe ser independiente y honrado. La simulación de justicia en casos de violencia laboral genera un daño irreparable. Estos asuntos son poco denunciados por el temor a represalias o por poner en riesgo la estabilidad laboral.
Por eso, cuando una mujer u hombre se atreve a solicitar apoyo de un comité y se encuentra con trabas, procesos tediosos y revictimizantes, la legitimidad y confianza disminuyen. Las instituciones públicas deben pasar del discurso a los hechos; dejar la simulación de eventos y programas de género y actuar frente a casos con impunidad.
El servicio público se debe dignificar. El conocimiento y los valores deben de ser parte de la carta compromiso para ingresar al servicio público; llegar a simular o abusar del cargo está sujeto a fincamiento de responsabilidades.
Nos toca seguir luchando por el cambio y, desde nuestras trincheras, hacerlo con los costos que conlleva. Es justicia para evitar impunidad y valor para defender a las instituciones de nuestro país.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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