Parece obvio. Lo es para cualquier estudiante de Derecho e incluso para toda persona con nociones básicas de civismo.
La Constitución es la norma fundamental, de la cual se derivan todas las demás y a la cual está sometida toda autoridad pública.
Sin embargo, aunque parezca increíble, para la mayoría de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargados de cuidar el cumplimiento de la Constitución, no era obvio. Esto nos lleva, por lo menos, a tres importantes planteamientos.
Para empezar, debemos recordar que en las escuelas de Derecho nos enseñan la llamada Pirámide de Kelsen. Dicha pirámide es una representación gráfica de un sistema que se basa en un principio de jerarquías.
Según Hans Kelsen, en la cima de la pirámide se encuentra la Constitución, que es la norma suprema y de la cual se derivan todas las demás. En el siguiente nivel están las leyes. Y más abajo están los reglamentos y las disposiciones individualizadas.
El principio de jerarquía establece que una norma de rango inferior no puede contradecir lo que establezca una norma de rango superior.
Ahora bien, para evitar que una norma inferior (un acto administrativo, por ejemplo) violente un derecho constitucional, existe un recurso que se llama Amparo, que puede ser abordado por Jueces y Tribunales Federales.
Para impedir que una Ley vulnere derechos o instituciones establecidas en la Constitución existe la acción de inconstitucionalidad, que es abordada por la Suprema Corte.
Y para evitar que un órgano del Estado invada las competencias de otro existe la controversia constitucional, que también se resuelve por la Suprema Corte.
Cómo podemos ver, todos estos recursos están orientados a cumplir con el principio kelseniano de superioridad jerárquica de la Constitución, es decir, están orientados al cumplimiento imperativo de la Constitución por encima de cualquier otra norma o
disposición.
Una cosa más: junto al principio de superioridad jerárquica constitucional existe otro: el Estado de Derecho, que implica el sometimiento de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) al Derecho.
Lo increíble es que personas encargadas de vigilar que se cumpla la superioridad de la Constitución trataron de desconocer el texto de la Constitución.
Lo increíble es que personas encargadas de asegurar el sometimiento de los Poderes a la Constitución trataron de poner al Poder Judicial por encima de la Constitución.
Es por ello que, por obvio que parezca, mucha gente celebra hoy que triunfó el Derecho.
En un Estado de Derecho, la Constitución está por encima de todo Poder del Estado, incluyendo al propio Poder Judicial y, dentro de este, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
POR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
DIRECTOR DEL ISSSTE
PAL
