El proceso electoral para 2024 aún no inicia oficialmente, y aún faltan once meses para las elecciones; sin embargo, los diversos actores políticos –oficialistas sobre todo– están creando un clima de simulación y violación sistemática a la ley, que amenaza con poner en duda la certeza y legalidad de los comicios.
De suyo, las elecciones serán complejas. El lopezobradorismo, además de intervenir con el poder del Estado, ya ha dejado entrever que no reconocerá resultados que no le favorezcan. Ello, en medio de la polarización, campañas masivas de desinformación y la muy probable injerencia del crimen organizado en diversas regiones.
En ese contexto, se está inyectando la toxina adicional de actos anticipados de precampaña y campaña permanentes. De la clase política, no sorprende esta falta de visión de Estado; pero preocupa ver a un INE y a un Tribunal Electoral pasmados, que contemplan escondidos cómo todos ignoran su autoridad.
En el caso de Morena y sus aliados, el atropello es patente y documentado: desde hace meses, miles de bardas, espectaculares y lonas –pagado con millones de pesos de origen turbio, y en todo caso ilegal– inundan el país con los rostros de sus aspirantes a la presidencia.
Las precampañas, periodo cuan - do los partidos definen candidaturas, inician en noviembre y duran hasta 60 días; pero inventaron el puesto de “Coordinador de la Defensa de la Transformación” para hacer giras proselitistas, mítines y designar a su abanderado en septiembre, cuatro meses antes de lo que dicta la norma. A ello se suma la propaganda que el gobierno hace, con recursos públicos, para atacar a la oposición y promover a sus corcholatas. Ante las múltiples denuncias, el INE (tanto su Consejo General como la Comisión de Quejas y Denuncias) ha eludido resolver el fondo de las precampañas anticipadas, y pasó la responsabilidad al TEPJF. Hace un par de días éste decidió, pese a toda la evidencia, que la precampaña de Morena son simples eventos partidistas internos, sin fines electorales.
Por su parte, la oposición aliancista (PAN, PRI y PRD), si bien como respuesta ante la inequidad y para no quedarse atrás en la definición de candidaturas, mediante la figura del Frente –que la ley contempla, pero no para objetivos electorales– se colocó también en el margen de una precampaña anticipada.
No se antoja coincidente que el silencio, así como los votos dentro del INE para deslindarse de hacer valer la legalidad, vengan tras la reciente llegada de nuevos consejeros, en un proceso de selección fuertemente influenciado por el oficialismo.
Lo cierto es que ese Instituto, así como el Tribunal, deben poner un alto pronto y contundente a la ilegalidad electoral por tres motivos: para evitar que una elección que de por sí se anticipa compleja se vuelva inmanejable; porque si hoy los as - pirantes no respetan al árbitro, mañana ningún candidato acatará regla alguna; y porque tienen un mandato no sólo legal, sino de los cientos de miles de ciudadanos que salimos a las calles para defender la autonomía y autoridad que, al menos hoy, el INE parece dudoso de ejercer.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
COLABORADOR
@GUILLERMOLERDO
PAL
