Desde los inicios del actual gobierno, el Senado de la República no ha estado a la altura de los retos que se le han presentado. Ante la pandemia más letal de los años recientes, la Cámara Alta se dedicó a aprobar insensatas propuestas presidenciales, en lugar de atender, de forma prioritaria, a una crisis que día a día alcanza a más personas.
Después de un año de tener sobre la mesa el nombramiento de las dos personas que ocuparían el cargo de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Senado reaccionó tardíamente a la orden del Juzgado 17 del Distrito Federal en Materia Administrativa, emitida en febrero, para que se procediera de forma inmediata a los nombramientos.
Sólo ante presiones externas, el Senado abandonó su lógica de aprobar solo aquellas iniciativas prioritarias para el presidente, y proyectos menores que en nada abonan para atender los graves problemas que nuestro país enfrenta. A lo largo de este sexenio, el Senado no ha tenido iniciativa alguna para enfrentar la pandemia, se ha cerrado sistemáticamente a las propuestas de la oposición, ha despreciado la diplomacia al relegar las urgentes reuniones interparlamentarias con los Estados Unidos, y en el colmo de la barbarie legislativa, se ha dedicado a aprobar reformas inconstitucionales.
Hoy, el INAI enfrenta una crisis inminente por la salida del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, este mes de marzo. Esto dejaría al Instituto ante un grave riesgo de capacidad de operación, en un entorno particularmente adverso para la transparencia y la rendición de cuentas. Es un secreto a voces que el principal enemigo de la transparencia es el presidente López Obrador, su decreto para blindar las obras faraónicas bajo supuestos de seguridad nacional, así como las más de miles de quejas por falta de transparencia, la cantidad de solicitudes no atendidas y el elevado índice de recurrencia muestran a un gobierno opaco, cerrado, intransigente.
Justo cuando la crisis del INAI parecía resolverse satisfactoriamente, el presidente, en uso de la facultad que le da la Ley de la materia, vetó los dos nombramientos, recurriendo a los lugares comunes a los que nos tiene acostumbrados. Sin argumentos contundentes y sólo con base en la pura especulación López Obrador ha obligado a que el Senado inicie otro nuevo procedimiento, de cara al cierre del periodo ordinario de sesiones que tendrá lugar en el mes de abril. La vacante que se daría en marzo dejaría al Instituto con sólo cuatro personas comisionadas y ante el riesgo inminente de su plena inoperancia.
Pocos son los órganos constitucionales autónomos que han resistido los furiosos embates presidenciales. Dichos órganos se comenzaron a constituir gracias a la agenda de la transición, para asumir funciones específicas antes reservadas al Ejecutivo como la electoral o la política monetaria, como contrapesos del poder en materia de derechos humanos o transparencia, y para llevar a cabo funciones altamente especializadas como la estadística o la política energética.
Hoy los órganos constitucionales autónomos languidecen bajo el salvaje y brutal peso del autoritarismo. La inmensa cantidad de mentiras vertidas cada mañana no tendrá ya un mecanismo institucional de verificación de la verdad, al quedar mermado el máximo órgano garante. A la orfandad electoral que significa el Plan B, que destruye desde sus raíces al INE, se suma ahora la penumbra que se cierne sobre un país que vive de manera permanente entre la opacidad, la impunidad, el engaño y la mentira.
Como pocas veces en su historia, el Senado enfrenta un reto descomunal. Para la Cámara Alta ha llegado la hora de la verdad, la cita con la historia: o cambia su trágica e inflexible dinámica de aprobar sólo aquello que le manda su jefe único, o deja de lado su sumisión incondicional para ser lo que debe llegar a ser: un supremo órgano legislativo que expresa el pacto federal que garantiza la unidad de la nación y es un artífice definitivo de la gobernabilidad democrática.
En los próximos días veremos si el Senado sabe enfrentar sus retos o si decide, una vez más, darle la espalda a la ciudadanía y destruir aquello que tanto sacrificio costó edificar y cuyas ruinas tendrán que reconstruir las generaciones futuras. Sería una cruel ironía de la historia que el órgano legislativo que colaboró para crear al INAI contribuya, con sus omisiones y lealtades, a destruirlo.
POR GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE
SENADORA POR BAJA CALIFORNIA.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE.
@GINACRUZBC
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