A casi tres años de su entrada en vigor, el T-MEC ha sido fundamental para mantener a América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo.
En este contexto, un factor clave para traducir la integración comercial en beneficios tangibles para nuestras sociedades ha sido la certidumbre jurídica que brinda el acuerdo trilateral: nos da acceso a mecanismos para hacer valer nuestros derechos, al tiempo que nos obliga a cumplir con los compromisos suscritos con nuestros socios comerciales.
El 11 de enero, por ejemplo, el panel constituido para resolver una controversia sobre la interpretación y aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz presentó su informe final. En su resolución, el panel les dio la razón a las autoridades mexicanas que promovieron el mecanismo: EE. UU. estaba interpretando las reglas injustamente, imponiendo a los productores nacionales requisitos incompatibles con el Tratado.
En este 2023, la implementación del T-MEC enfrenta diversos retos cruciales para el futuro de nuestra región: la forma en que se resuelvan definirá, en buena medida, lo que suceda en los próximos años.
En primer lugar, en julio de 2022, el gobierno de México recibió una solicitud de consultas en materia de política energética por parte de EE. UU. y Canadá, como consecuencia de los decretos y reformas que privilegian a las empresas productivas del Estado en el sector, afectando directamente a inversionistas de nuestros principales socios.
En diciembre, la Secretaría de Economía presentó un plan de trabajo y conformó un equipo técnico para despejar las dudas de ambos países sobre las cuestionables decisiones en el sector. Hasta la fecha no se han alcanzado resultados. Y sin un acuerdo en la etapa de consultas, el siguiente paso es, precisamente, el establecimiento de un panel, que podría incluso imponer sanciones a nuestro país.
Otro asunto que exige un puntual seguimiento es la prohibición, por decreto, del glifosato y del maíz transgénico en México, a partir de 2024: una disposición que preocupa a las autoridades estadounidenses por sus potenciales consecuencias para los productores agroalimentarios en ambos lados de la frontera.
Hasta el momento, el diálogo bilateral ha permitido aplazar su entrada en vigor hasta 2025. Sin embargo, los representantes estadunidenses han insistido en que la propuesta no es satisfactoria, por lo que ya consideran otras opciones para hacer valer sus derechos. En otras palabras: es posible que este asunto llegue a la activación de un nuevo mecanismo de solución de controversias.
Si se confirma esta disputa, México estaría inmerso en dos controversias motivadas por decisiones gubernamentales fundamentalmente ideológicas, que ignoran las necesidades actuales de los sectores productivos. En energía, la apuesta por los combustibles fósiles y el otorgamiento de ventajas a empresas estatales sobre las inversiones privadas de nuestros socios comerciales. En biotecnología, una prohibición que no se sustenta en evidencia científica, que amenaza la productividad del sector agroalimentario.
Desde hace casi tres décadas, la integración de Norteamérica ha sido una herramienta para detonar el desarrollo de nuestro país. El T-MEC es una fuente de oportunidades; pero, con las decisiones incorrectas, puede convertirse en un factor de riesgos. La continuidad de sus beneficios está en nuestras manos.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA DE LA REPÚBLICA
@RUIZMASSIEU
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