En septiembre inició el proceso electoral 2023-2024. En los próximos procesos federales y locales votará el padrón electoral más extenso en la vida de nuestra joven democracia, y se contenderá, igualmente, por el mayor número de cargos[1].
Cuando pensamos en las elecciones, ocurre algo similar a cuando pensamos en un reloj. Creemos que basta con un ajuste de hora, o con establecer una alarma, o cambiar una correa, para que el reloj nos funcione a la medida. Sin embargo, al igual que los relojes son más que un par de manecillas, los comicios son mucho más que el día de la votación. Son todas las etapas y las acciones que nos llevan a ese momento en el que somos iguales en las urnas, porque el voto de todas y todos tiene el mismo peso.
De esta manera, los procesos electorales ponen en marcha el engranaje de nuestro reloj democrático. La participación en los comicios muestra el nivel de compromiso de una sociedad con el Estado democrático de derecho, así como el papel que juegan las autoridades electorales para hacerlo respetar.
La justicia es así un instrumento clave para garantizar el cumplimiento de los principios democráticos que sostienen elecciones genuinas, libres y justas. En el caso de la justicia electoral, su objetivo es que los actores políticos conozcan qué pasa cuando se incumple con el marco normativo, qué sanciones hubo a las y los responsables, y qué mecanismos se brindaron para corregir las faltas. En pocas palabras, la justicia electoral en una democracia es el relojero de las elecciones, garantizando que la maquinaria funcione de manera adecuada.
Es por eso que el Tribunal Electoral tiene tres misiones clave que debe cumplir para asegurar la regularidad y legalidad de las elecciones:
- resolver las diferencias políticas de manera imparcial y eficaz;
- proteger el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía; y
- garantizar la transmisión pacífica del poder público y, con ello, la estabilidad política.
En esta tarea persisten cuatro desafíos por afrontar para asegurarnos de que la justicia electoral cumpla con su función de garantizar las libertades de las y los ciudadanos. El primero se relaciona con el acceso a la justicia y los otros tres con el sistema democrático del que forma parte. Sobre el primer desafío, según datos de la organización World Justice Project, destaca que en 2019 solo cinco de cada diez mexicanos pudieron resolver un problema a través de los canales legales para hacerlo[2]. Esto muestra problemas tanto de acceso como de administración de justicia. Es por eso que el Tribunal Electoral ha emprendido acciones para disminuir las barreras que impiden el camino a la justicia electoral, con actividades como:
- La transformación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en una Defensoría Pública Electoral que brinda asesoría y representación jurídica a distintos grupos en situación de vulnerabilidad.
- El fortalecimiento del juicio en línea, al hacerlo más sencillo de usar para cualquier persona –incluso las personas mexicanas residentes en el extranjero–.
- La difusión de la política judicial de manera ciudadana, con el portal de Justicia Electoral digital (JEd) que busca facilitar el acceso a los criterios del Tribunal.
El segundo desafío es el de la polarización tóxica que ha aumentado de manera constante en la última década. Según el Índice de Paz en México 2023, el 52 % de la sociedad mexicana considera que el país está muy dividido y un 65 % cree que es poco probable superar estas divisiones[3]. Esta realidad se acentúa con la desinformación durante los procesos electorales.
Es por eso que las y los magistrados electorales somos guardianes de la estabilidad y la paz política. Para hacer este trabajo, el TEPJF se ha profesionalizado durante 27 años, por medio de la elaboración de sentencias que reflejan su imparcialidad, independencia y capacidad. Muestra de ello es la confianza en esta vía, pues durante los últimos dos procesos electorales federales conocimos más de 31 mil casos en el 2012, y 18 mil en el 2018, todos ellos relacionados con los comicios[4].
El tercer reto es la persistencia de las malas prácticas electorales que afectan la integridad de las elecciones. De acuerdo con el Reporte Global de Integridad Electoral 2023, México recibió una evaluación de 64, que se encuentra por encima de la calificación regional de 59.46[5]. La justicia electoral nunca debe ser ciega a las malas prácticas que limitan la libertad del sufragio. En el TEPJF, al estudiar los asuntos relacionados con las malas prácticas electorales, realizamos interpretaciones basadas en el enfoque académico de la integridad electoral. De esta manera, evaluamos los hechos y los elementos de prueba de manera integral y velamos por la protección de los valores democráticos globalmente aceptados. Con esto elevamos la calidad de las sentencias y su poder para disuadir estas prácticas.
Además, impulsamos dos iniciativas que buscan imprimir integridad a todo el proceso electoral 2023-2024:
- La firma de un Acuerdo nacional con la sociedad civil el pasado 31 de agosto, el cual comprende diez directrices de comportamiento ético y político. Con este proyecto se establecerá una red de monitoreo de los compromisos, con el objetivo de emitir informes sobre el comportamiento de las autoridades y los actores políticos.
- El desarrollo del proyecto de observación ciudadana y de acompañamiento internacional de la justicia. Con este programa, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE), un grupo de personas expertas internacionales, además de un grupo de ciudadanos y ciudadanas especializados, estarán invitados a analizar las sentencias del TEPJF para observar que cumplan con los estándares de integridad electoral.
El cuarto desafío a la justicia electoral es la percepción contraria sobre la democracia. De acuerdo con el reporte de la encuesta Latinobarómetro 2023, en los últimos años se incrementó el porcentaje de personas que prefieren la democracia a cualquier otra forma de gobierno, pero también se aumentó el apoyo hacia los autoritarismos[6]. Esta tendencia se ha profundizado en los últimos años por diversos factores, como las desigualdades y la falta de representación de diversos grupos en los órganos de representación, de entre otros.
En el caso de México, la judicialización de asuntos en los procesos electorales ha dado vida y cambiado el rostro de la democracia, al incluir en la arena política a las mujeres y a quienes integran los grupos históricamente subrepresentados. Hoy el Poder Legislativo federal está compuesto de manera paritaria y en la Cámara de Diputaciones cuentan con 65 curules conformadas por personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la comunidad de la diversidad sexual y mexicanas residentes en el extranjero[7]. En los estados del país, una de cada cuatro presidencias municipales las gobierna una mujer[8], mientras que se cuenta con congresos totalmente paritarios y con 10 gobernadoras en los Poderes Ejecutivos estatales[9].
Estos desafíos dejan ver que, tal como el trabajo del relojero no se limita a una simple limpieza o cambio de cadenas, el papel de la justicia electoral en una democracia es extenso. Al igual que un relojero, el Tribunal Electoral cuenta con la experiencia necesaria y, más importante, cuenta con el talento de profesionales que laboran en él y con la confianza de quienes continúan acercándose para resolver sus conflictos.
Como juezas y jueces electorales, nuestra función es ser garantes de la validez de las elecciones, de la libertad ciudadana para decidir a través del voto quién los representa y gobierna, es decir, de cuidar la normalidad democrática. Hoy, el reloj del proceso electoral 2023-2024 ha iniciado su conteo y el Tribunal Electoral está listo para la hora de la democracia.
[1] Asistirán a votar alrededor de 98 millones de personas por más de 20 mil cargos.
[2] World Justice Project. (2019). Mexico en “Global Insights on Access to Justice.” Disponible en: https://worldjusticeproject.org/access-to-justice-data/#/country/MEX
[3] Institute for Economics & Peace. (2023). “Índice de Paz México 2023”. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2023/05/ESP-MPI-2023-web-1.pdf
[4] Información de la Unidad de Estadística de la Secretaría General de Acuerdos del TEPJF. Fecha de corte: 14/09/2023.
[5] Electoral Integrity Project. (2023). “Electoral Integrity Global Report 2023”. Disponible en: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://static1.squarespace.com/static/58533f31bebafbe99c85dc9b/t/649dee1ee6e6c50219e9fbd9/1688071716978/Electoral+Integrity+Global+Report+2023.pdf
[6] El incremento por la preferencia de la democracia fue de un 60 % a un 71 % y el apoyo a autoritarismos de un 23 % a un 33 %. Ver más en: Corporación Latinobarómetro. (2023). “Informe 2023. La recesión democrática de América Latina”. Informe disponible en: https://www.latinobarometro.org/lat.jsp
[7] El Colegio de México. (2022). “estudio especializado sobre la efectividad en la aplicación de las acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos en situación de discriminación en la representación política en el proceso electoral federal 2020-2021”.
[8] INMUJERES, indicadores de género.
[9] El 54.11 % de las diputaciones locales son mujeres. INMUJERES, op. cit.
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