Mucho manoseo. Demasiadas verdades a medias y mentiras completas. Intereses por doquier, lucro por todos lados. El caso Ayotzinapa está lejos de la justicia y la verdad. No hay respuesta a muchas preguntas, hay versiones encontradas, filtraciones, renuncias y conjeturas que alejan la verdad y evitan que llegue la justicia. ¿Qué pasó con los 43 normalistas? Depende a quién le crea. Para algunos, los estudiantes fueron quemados y los restos de algunos de ellos, lanzados al río San Juan. Eso es lo que el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam —hoy detenido—, llamó verdad histórica. Para otros, “por lo menos 11 de los jóvenes estuvieron con vida”, al menos hasta el 4 de octubre.
Sobre la tesis de la Procuraduría ya se ha escrito mucho. Pero la segunda teoría, presentada ayer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enreda todo aún más. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 de septiembre? ¿Y qué sucedió los días siguientes?
El informe del GIEI cimbra por varios frentes. De entrada, acusan al Fiscal General Alejandro Gertz de obstaculizar las investigaciones, romper acuerdos y evitar la ejecución de órdenes de aprehensión de implicados en
este caso.
Se asegura, además, que personal de la desaparecida SEIDO despojó de las carpetas de investigación a la Unidad Especial de Investigación para el caso.
Pero el punto de quiebre tiene que ver con que, según el GIEI, “al menos 11 de los jóvenes estaban con vida el 4 de octubre”, es decir ocho días después de los hechos de Iguala. No habrían sido ni ejecutados ni descuartizados ni sus restos quemados y arrojados al río, como aseguró la PGR.
Los normalistas habrían sido separados en tres grupos: uno custodiado por militares, otro por la policía estatal y otro por el crimen organizado. Los tres, en contubernio.
¿Quiénes afirman tal cosa? Según el GIEI, se trata de testimonios de quienes habrían participado precisamente en la división de los jóvenes y que se han apegado a los criterios de oportunidad para “cooperar” con las autoridades y aportar elementos. ¿Qué tanto confiar en lo que dicen criminales confesos? ¿Qué tanto peso dar a sus palabras?
Según el informe, las autoridades estatales de Guerrero (particularmente la Secretaría de Seguridad y Fiscalía) habrían tenido conocimiento del intercambio de información entre criminales y autoridades civiles y militares que retuvieron a los jóvenes; del paradero de los normalistas; y lo que estaba ocurriendo en el momento en que sucedía.
Para dar vuelta a una de las páginas más negras de nuestra historia reciente, se necesita esclarecer el caso, castigar a los responsables y conocer, con verdad, qué sucedió. A ocho años de la trágica noche del 26 de septiembre estamos lejos de eso. El ruido, manoseo, grillas e intereses alejan la verdad y evitan que llegue la justicia.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM
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