Desde hace décadas la sociedad mexicana ha sido lastimada por la violencia; nuestro país fue víctima del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades. Todos los ámbitos de la vida social y económica fueron afectados por la delincuencia. En esta circunstancia de violencia e inseguridad confluyeron factores muy diversos, empezando por los de índole económica y social, como la falta de empleos de calidad y la insuficiencia del sistema educativo, la descomposición institucional, el deterioro del tejido social, la crisis de valores cívicos, el fenómeno de las adicciones, disfuncionalidades y anacronismos del marco legal. Todo este deterioro no puede ser erradicado de la noche a la mañana, los esfuerzos desplegados por el actual gobierno han sido notables, pero aún falta mucho por realizar en esta materia.
Como se afirma en el documento Estrategia Nacional de Seguridad Pública, presentado por la Presidencia de la República, “debemos formular nuevos paradigmas de seguridad que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, el restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y reinserción de infractores. Tales estrategias deben ser multidimensionales, transversales, incluyentes y radicales, deben ir dirigidas a la raíz de la crisis que enfrenta el país.
En el gobierno de la Cuarta T se ha buscado alinear todos los esfuerzos en materia de seguridad, coordinadamente con las autoridades estatales y municipales. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha sido la respuesta del Gobierno de México a la demanda más sentida de la población, que es vivir en paz. Continuamos trabajando y ya se tienen resultados, especialmente en materia de homicidios dolosos y secuestros, mismos que van disminuyendo, al compararlos con otras épocas. En el actual gobierno seguimos comprometidos con evitar la violencia y resolver los problemas de seguridad a través de procesos institucionales y constitucionales.
El pasado 9 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la serie de reformas a distintas leyes para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El decreto, que aprobamos previamente en el Senado, tiene por objeto fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional como un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el control operativo y administrativo de la Sedena.
En la Cámara de Diputados acaban de aprobar, el 14 de septiembre, por mayoría calificada, el dictamen que reforma el Artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”. Con ello se amplía hasta 2028 el plazo para que las Fuerzas Armadas coadyuven en tareas de seguridad y pacificación, sin que ello signifique la militarización del país. La reforma fue turnada al Senado para su análisis y aprobación. La pelota ahora está en nuestra cancha.
Con estas reformas, como lo ha asegurado el Presidente de la República, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas contarán con 500 mil elementos que darán seguridad a todo el territorio nacional. Además se busca profesionalizar, institucionalizar y moralizar a este cuerpo que será la institución más importante para garantizar la seguridad pública.
POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SENADORA POR MORENA DE HIDALGO
@MARIAMERCEDG
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