Es más que evidente que una reforma constitucional obedece a un contexto político y social específico, en particular las reformas electorales han atendido demandas concretas de la ciudadanía y fuerzas políticas imperantes; por ejemplo, la reforma que dio origen al otrora Instituto Federal Electoral tuvo como antecedente y contexto la controvertida elección presidencial de 1988. Las autoridades surgidas de ese proceso electoral, dado el cuestionamiento de los resultados, requerían legitimarse para el ejercicio de sus funciones.
Así la reforma electoral de 1990 crea un organismo autónomo que suplía a la Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación; la reforma no se limitaba solo a eso, pues además buscó que los procesos electorales fueran más equilibrados, competidos y competitivos, alentar una mayor pluralidad e inclusión, entre otras cosas.
Después de esta reforma se sucedieron cinco reformas electorales: la de 1993-1994, la denominada reforma electoral definitiva de 1996, la de 2003, la de 2013, y la que dio origen al hoy Instituto Nacional Electoral de 2014; del sexenio de Carlos Salinas al de Enrique Peña Nieto se registró al menos una reforma electoral por administración, salvo en la de Vicente Fox. En términos generales se puede decir que la mayoría de las propuestas de reforma vinieron de la oposición y tuvieron eco en los gobiernos que las suscribieron.
Las distintas reformas a las que me refiero han intentado prevenir y sancionar malas prácticas y delitos electorales, dada su persistencia histórica, esto ha dado pie a un marco jurídico en la materia que, por su extensión y particularidad, se considera altamente especializado y complejo.
En la actual administración se ha planteado ya la reforma electoral del sexenio, en abril de este año el titular del ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma en la materia, la cual pretende, en términos generales, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), la federalización de los procesos electorales, lo que supone la desaparición de los tribunales electorales locales y de los Organismos Públicos Locales (OPL), elegir a consejeros y magistrados electorales mediante voto popular y postulados por los tres Poderes de la Unión; la reducción del número de diputados y senadores plurinominales, la reducción del financiamiento a los partidos políticos y la implementación del voto electrónico dentro y fuera del país.
A diferencia de otras reformas electorales, ésta tiene su promoción principal desde el gobierno y el partido político dominante.
A inicios de junio pasado los partidos de oposición en la Cámara de Diputados anunciaron una moratoria legislativa constitucional para lo que resta del sexenio, lo que significa que esta reforma electoral propuesta por el ejecutivo federal tiene pocas posibilidades de ser aprobada, en virtud de que los resultados de la elección intermedia de 2021 le permitió a la oposición cohesionarse en una alianza legislativa que le ha dado resultados.
POR ABELARDO RODRÍGUEZ DESALES
SOCIÓLOGO
CAR