La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá hoy un asunto de gran importancia porque tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. Esta discusión tiene que ver con una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Congreso en 2017, con la que se eliminaron algunas disposiciones legales que francamente iban en sentido contrario al objetivo de impulsar y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.
Por ejemplo, la ley obligaba a que en los noticieros se diferencie lo que es información de lo que es opinión. Una medida que en primer lugar afecta la agilidad con la que se construye y se transmite cualquier noticiero ya sea de televisión o de radio, porque sus conductores tendrían que estar advirtiendo a la audiencia si las expresiones que se van a realizar en determinado espacio de tiempo corresponden a información o a opinión. Y bueno, quienes no cumplan con esta y algunas otras obligaciones de ese tipo, que habían sido eliminadas de la ley como resultado de aquella reforma de 2017, estarían sujetos a sanciones que son excesivas, por decir lo menos.
Por ello, no es menor la preocupación que comunicó el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) el viernes pasado, a través de un boletín de prensa, en el que aborda los aspectos preocupantes de la discusión en la Corte y que de prosperar el proyecto de sentencia que discutirán los ministros podrían provocar un retroceso en la forma en que se difunden noticias, la libertad para ejercer la labor periodística y como ya comenté, el ejercicio de la libertad de expresión, simplemente por el efecto inhibitorio que producirán las amenazas de sanciones excesivas.
Coincido con lo dicho por el IDET, que al darle vida a obligaciones que ni siquiera pueden justificarse como una mejor práctica internacional, se provocará un ambiente de falta de certeza para los concesionarios de radio y televisión de México, lo “que sin duda afectará de manera negativa los montos de inversión, la expectativa de flujos de ingresos de esas concesiones y el número de fuentes de trabajo, un escenario indeseable frente a uno en el que existan las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de expresión”.
Hablamos de una industria que genera 65 mil empleos en nuestro país, que genera ingresos por más de $27,000 millones de pesos anuales y que por las tentaciones controladoras de algunos cuantos que ponen a la libertad de expresión en un segundo plano, podría enfrentar escenarios todavía más adversos hacia adelante. Esperemos que no.
POR GONZALO ROJON
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