Hasta ahora poco mencionado, un compadre del expresidente Enrique Peña Nieto está bajo investigación. Se trata de Benito Neme Sastré, quien durante el sexenio peñista se desempeñó como titular de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Dicha entidad gubernamental ha pasado desapercibida ante la opinión pública, tanto como el exfuncionario, muy a pesar de que en el sexenio se ejerció uno de los presupuestos más altos, por el orden de 146 mil millones que fueron a dar al ambicioso Programa Nacional de Infraestructura.
Sin embargo, el paso de Neme Sastré por Capufe sí fue registrado por los órganos de fiscalización, específicamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que dirige David Colmenares.
La ASF detectó diversas irregularidades, destacadamente el desfalco de 50 millones de pesos, un daño patrimonial por 38 millones y medio, por salarios pagados no devengados, que observó el Órgano Interno de Control.
Aunque con un presupuesto tan grande, esas cantidades resultan menores, el acreditar dos hechos constitutivos de irregularidad administrativa y posiblemente responsabilidad penal, fueron motivación suficiente para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), iniciara un seguimiento.
Y es que la investigación no sólo se basa en el compadrazgo entre Neme Sastré con Peña Nieto, sino en una conexión adicional por el nombramiento que otorgó en abril de 2013 a Rubén Barroso Aguirre como delegado de Capufe en la Región V Centro-Oriente.
La relevancia de esa relación radica en que el hoy exdelegado de Capufe es hermano de María Isabel Grisell Barroso Aguirre, conocida como “Maribel”, quien ha sido identificada como la administradora de los recursos en los despachos de Peña Nieto, primero como gobernador y después como Presidente.
Radicada actualmente en Madrid, como el propio Peña Nieto, las líneas de investigación apuntan a transferencias internacionales y al sector inmobiliario, pues su marido, Luis Alfonso Martínez y el socio de este último, Alfonso Maccise Yitani, se convirtieron precisamente en inmobiliarios con operaciones en diferentes ciudades de México y el mundo, actualmente en España con la empresa Buganvilla Servicios Empresariales.
En el caso de Neme Sastré, la indagatoria de la UIF ha logrado identificar la posesión de un lujos departamento en el muy exclusivo desarrollo Altezza, una urbanización localizada en Bosques de las Lomas, valuada en la friolera de 140 millones de pesos.
Benito Neme logró colocarse el sexenio pasado como un destacado miembro de la comunidad libanesa, pero por encima del rose social, están sus relaciones de poder.
El “compadre incómodo” es de prosapia priísta, un rasgo con comparten todos los implicados en los casos que se siguen a Peña Nieto, empezando por él mismo y su parentesco con el exgobernador Arturo Montiel o con el actual Alfredo del Mazo.
Pero hay más, sólo con los mencionados: Alfonso Maccise Yitani tuvo por suegro a Jorge Rojo Lugo, exgobernador de Hidalgo; Benito Neme es hijo de quien fue gobernador de Tabasco, Salvador Neme.
No es la primera vez que Benito Neme está en la mira, pues quedó pendiente el opaco trato respecto a las tarjetas IAVE que terminaron favoreciendo al acaudalado mexiquense, Roberto Alcántara.
El asunto Neme inició en 2019 en la UIF a partir de lo que hasta entonces había acreditado el Órgano Interno de Control y había acreditado la ASF, entre cuyo personal se menciona el flujo o al menos la oferta de millones para silenciar y de plano frenar indagatorias.
Posdata
El pasado 10 de agosto hubo encerrona en el rancho “El Palmar”, en Temixco, Morelos, a convocatoria del grupo que pretende convertir a Ulises Bravo, hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, en líder de Morena en la entidad. Pocas veces será tan útil la metáfora: fue un autogol. Y más: dejó en evidencia que no cuenta con los votos que hasta entonces presumía.
Las rebatingas morenistas están a tope y en el caso de Morelos los funcionarios federales andan en actos de partido hasta en horario laboral, como fue el caso del encargado de Conagua, Jaime Juárez López, uno de los negros fichajes de Ulises Bravo a los que se suma el experredista reciente, Arnulfo Montes Cuén (acusado de hostigar a una menor beneficiaria de “Jóvenes Construyendo el Futuro”) y Jonathan Mejía Alegría, político blanquista que arrastra denuncias por enriquecimiento ilícito junto con el propio gobernador.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
MAAZ