En el contexto de la primera gran crisis y disputa energética global del siglo XXI, ha llegado el momento en que todos los mexicanos cerremos filas para apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en sus esfuerzos titánicos para garantizar la seguridad energética de México.
En estos momentos, donde la guerra de Ucrania ha intensificado la crisis energética, el suministro constante e ininterrumpido de los servicios energéticos vitales para el funcionamiento de las cadenas productivas y las sociedades, se ha convertido en una de las más altas prioridades para todos los países del orbe.
Es bajo esta óptica que se debe dar lectura a la solicitud de consultas por parte del gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR), sobre la política energética de México bajo el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).
Lo que está pasando en Europa donde dejaron el suministro energético al libre mercado, es una lección que debemos recuperar ante los intentos punitivos de Estados Unidos y Canadá para imponer sanciones a México por su política energética y hacer valer su decisión soberana de reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
Esta reforma fue aprobada por el H. Congreso de la Unión, que es la máxima expresión de la Soberanía del pueblo de México, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró su Constitucionalidad.
Las reformas de 2021 al devolverle el carácter estratégico al sector eléctrico, considerarlo como un servicio público y poner piso parejo en la generación, permitirá que la Comisión Federal de Electricidad produzca el 70 por ciento de los requerimientos nacionales.
Revoca los permisos de autoabastecimiento obtenidos en fraude de la ley, que inició la empresa estadounidense Enron en la Ciudad de Monterrey, quien burlando la ley convirtió a sus clientes en socios para venderles electricidad.
Con estas prácticas de “dumping”, los autoabastos ilegales monopolizaron las dos terceras partes de los grandes consumidores del país, vendiéndoles electricidad con subsidios de hasta 60%, generando un boquete a las finanzas públicas de casi 500 mil millones de pesos.
Lo que está detrás de las protestas comerciales de los gobiernos estadounidense y canadiense, es la defensa de los intereses de las 10 empresas privadas extranjeras que controlan el 41% de generación privada; y sobre todo las intenciones de apropiarse del mercado eléctrico nacional, cuyo valor se estima en tres trillones de dólares.
Por todo lo anterior, resulta vergonzoso que mientras en el Congreso de Estados Unidos, los partidos republicanos y demócratas a pesar de sus diferencias ideológicas y de agenda, apoyan a su gobierno en sus reclamos; en México, las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD han combatido por todos los medios las reformas del sector eléctrico que pugnan por la seguridad y soberanía energética del país.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
WWW.MANUELRODRIGUEZ.MX
CAR