Un tiroteo más en Estados Unidos, esta vez en Highland Park, Illinois. El atacante disparó por lo menos 70 veces, mató a siete personas e hirió a más de 40. Utilizó un fusil semiautomático tipo AR-15, un “rifle de asalto” similar a los que equipan a ejércitos en todo el mundo. Cuando involucra armas de tipo militar, la violencia cometida por civiles adquiere una letalidad terrible. Los fusiles semiautomáticos se han usado en las peores masacres en Estados Unidos y también en las más recientes, como las de Búfalo, Nueva York, y Uvalde, Texas.
Ante estos desafortunados eventos, es de reconocerse que la sociedad estadounidense se haya organizado y por medio de sus legisladores se aprobara la Ley Bipartidista para Comunidades Más Seguras (Bipartisan Safer Communities Act) el 25 de junio pasado, después de casi tres décadas de inacción. La ley amplía las revisiones de antecedentes para compradores de armas menores de 21 años, aumenta requerimientos para otorgar licencias a vendedores, asigna presupuesto para programas de detección y canalización de personas que pudieran representar un riesgo, y termina con la laguna legal que permitía a parejas o exparejas con antecedentes adquirir armas de fuego.
Para México, lo más importante es que codifica como delitos el tráfico de armas y la venta a prestanombres. Hasta ahora, solo se podía procesar a quienes incurrieran en estas prácticas bajo los delitos de declaración falsa a la autoridad para comprar un arma o por vender armas sin licencia. El cambio otorga a las agencias estadounidenses un marco legal mucho más robusto para perseguir el tráfico de armas a nuestro país, lo cual también facilitará la colaboración con sus contrapartes mexicanas. En consecuencia, podemos esperar que las acciones conjuntas, orientadas a reducir el tráfico de armas, presenten más resultados en el corto plazo.
Sin embargo, las armas de asalto aún están disponibles en el mercado civil estadounidense. Los tiroteos recientes han llevado a diversos actores a exigir que se renueve su prohibición. Entre 1994 y 2004, el Congreso proscribió la fabricación y venta para el uso civil de las armas de asalto, periodo en el cual los tiroteos masivos disminuyeron 37 por ciento. Desde que terminó la prohibición, estos incidentes han aumentado 347 por ciento.
La dinámica del mercado de armas estadounidense afecta directamente a nuestro país. Durante la prohibición de las armas de asalto, los homicidios en México tuvieron una tendencia a la baja. Cuando expiró la restricción, se incrementaron el tráfico ilícito y los homicidios con armas de fuego, muchos de ellos con armas de tipo militar.
No es imposible que se genere consenso en Estados Unidos para lograr la renovación de la prohibición de las armas de asalto. Sacar a estas armas y sus municiones del mercado civil estadounidense reduciría el riesgo que representan actualmente para la población de ambos países –más de 458 millones de personas–. En paralelo a la reflexión sobre este tipo de armas, toman fuerza los señalamientos sobre el papel que juegan las empresas de armas. Con argumentos similares a los de la demanda del Gobierno de México contra fabricantes y distribuidores de armas, la Cámara Baja de Estados Unidos citó a comparecer a ejecutivos de las principales compañías de armas –Daniel Defense, Smith&Wesson y Sturm, Ruger & Co– el próximo 20 de julio. Deberán informar sobre sus ganancias por la venta de rifles semiautomáticos, gastos en publicidad y en cabildeo, además de donaciones a la Asociación Nacional del Rifle.
Estos acontecimientos inéditos en el campo del control de armas no solo reflejan que ambas sociedades han llegado a sus límites de tolerancia a la violencia, sino que actores y grupos diversos están buscando e implementando nuevas formas para garantizar la seguridad y defender la vida en nuestra región. Tenemos motivos para esperar el futuro con optimismo.
POR ALEJANDRO CELORIO ALCÁNTARA
CONSULTOR JURÍDICO DE LA SRE
@ACELORIOA
CAR