La violencia contra las mujeres constituye una de las formas de violación de derechos humanos más generalizadas. Según datos de la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo ha sido objeto de acciones violentas. En México, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que el número de mujeres víctimas de algún delito se incrementó en el primer trimestre de 2022 9.5 por ciento con relación al mismo periodo de 2021.
Pero aún cuando la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo una deformación social tan extendida, ésta debe desnaturalizarse ya, no debe tolerarse más, puede y debe prevenirse y emprender su erradicación de inmediato. Empezar a ponerle fin implica recomponer el tejido social, reconocer y condenar la violencia en todos los ámbitos de convivencia, como patrón de conducta machista por el que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación. Condenar y sancionar como ilícita toda manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación por parte del hombre.
Cero impunidad y pasividad a cualquier manifestación violenta contra las mujeres. No más feminicidios como los de Yrma Lydya o Debanhi. Estado y sociedad debemos actuar en definitiva, desarrollando estrategias políticas, jurídicas, administrativas, educativas y culturales eficaces. Suprimir toda forma de discriminación y desigualdad por cuestiones de género, empoderando verdaderamente a las mujeres para que cada día participen más activamente en la toma de decisiones.
Desde el Congreso de la Unión se han armonizado nuestras leyes con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y, en particular, con los firmados por la comunidad de naciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es tiempo de dar plena vigencia y aplicación a esta legislación. Justicia con perspectiva de género es una exigencia de cumplimiento impostergable. El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que no sólo implica acceso a los tribunales, sino generar las condiciones necesarias para la obtención de una justicia material, justicia efectiva.
Asesoría especializada gratuita e incorporando unidades de género en todos órganos del Poder Judicial y de procuración de justicia. Formación y cultura de género en juezas y jueces y en los integrantes de las policías investigadoras. Es necesario capacitar y reeducar con perspectiva de género a los operadores de justicia para eliminar prejuicios.
Luchar con todo para que ni un solo acto de violencia quede sin denuncia y sin castigo. Adoptar de inmediato enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen las normas sociales dañinas y empoderen a mujeres y niñas.
POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SENADORA DE MORENA POR HIDALGO
@MARIAMERCEDG
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