Recientemente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el “proyecto” Ley General para Prevenir Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, con la que se busca frenar la ola de violencia que ha atentado contra las mexicanas descontroladamente.
Una cuestión no menor, en principio porque no es usual que desde la SCJN se presenten iniciativas de ley, máxime cuando constitucionalmente no está facultado y es en esta instancia donde se tienen que estudiar y discernir las interpretaciones legales, no fomentar una propuesta unidireccional, que presenta uno sólo de los jueces y a seis meses del final de su mandato.
Se trata de uno de los grandes flagelos que nos condenan como sociedad, casos como el de Debanhi, Yolanda, Luz Raquel, entre muchos otros que no alcanzan el ojo mediático nos muestran no sólo el grado de violencia y “descomposición social brutal” como lo planteó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, al abordar el tema, sino como el reto imposible de seguridad pública nacional que implica para las autoridades locales, municipales, estatales y federales, las cuales se ven rebasadas por su falta de competencias, profesionalismo y empatía en todos los sentidos.
Mensajes como “se llegará al fondo del asunto” o “no se descarta ninguna línea de investigación” se reciclan interminablemente en las fiscalías de Nuevo León, Jalisco, Sonora, Morelos, Estado de México y todos los estados de la república, cuando uno de estos casos “incómodos” sacan a relucir la corrupción e impunidad que tanto se presume ya no existe. Por otro lado, las cifras relacionadas con violencia de género y feminicidios registran cifras récord y se sigue revictimizando institucional y sistemáticamente a víctimas y familiares.
Ahora bien, a pesar de que la propuesta formulada por el magistrado Zaldívar sirve como una oportunidad para reconocer la gravedad de la problemática buscando homogeneizar la regulación adecuada de este delito, es insuficiente. Se debe contemplar la inclusión de víctimas y sus familias, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de los derechos humanos de las mujeres y colectivos que trabajan permanentemente en este tema.
El problema con esta propuesta es que no resuelve el problema estructural y multisectorial del panorama desolador de la impunidad y la inacción del sistema de justicia, que no atiende las múltiples formas de violencia contra la mujer. En México no hay una “estandarización” en las legislaciones estatales con la federal, incluso en aspectos fundamentales como la tipificación del delito de feminicidio.
Si bien esta homologación legislativa que se busca representa un paso importante, se debe implementar con sumo cuidado ya que se corre el riesgo de omitir las particularidades, condiciones y contextos que definen a cada una de las entidades, así como las necesidades específicas que deben atender, como en el ámbito forense o cuando se trata de comunidades indígenas.
Se trata de una labor compleja, urgen investigaciones adecuadas, con diligencia y siempre con perspectiva de género. Las fiscalías padecen con personal incapaz e insuficiente, incluyendo al forense, que en muchas ocasiones carecen de capacitación técnica y científica, además de otras deficiencias institucionales que perpetúan no sólo la impunidad, sino que inciden directamente en que no se permee la cultura de la denuncia. Una hidra de mil cabezas.
POR AZUL ETCHEVERRY
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