Uno de los principales botines del neoliberalismo fueron nuestros recursos energéticos. Por años, Petróleos Mexicanos (Pemex) fue el principal instrumento de saqueo de gobiernos corruptos, hasta que en 2008, Felipe Calderón, como buen panista, intentó llevar a cabo una reforma energética servil a intereses de transnacionales.
Su intento fue frenado por una amplia movilización popular en defensa del petróleo encabezada por Andrés Manuel López Obrador, lo que obligó al gobierno panista a negociar en el Congreso y finalmente aprobar una reforma que distaba mucho de las aspiraciones entreguistas de Calderón.
En 2013 y 2014, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, en complicidad con el PAN, llevó a cabo una reforma energética a la carta para favorecer a empresas transnacionales, particularmente a Odebrecht, con la que construyó una relación de contubernio desde que era candidato a la presidencia.
Esta reforma estableció un modelo de apertura al sector privado en el que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quedaban destinadas a competir en total desventaja, lo que aunado a la corrupción al interior de ambas instituciones, las encaminaba a su eventual desaparición.
Ante los constantes embates contra nuestros recursos energéticos, fuente de riqueza nacional, el movimiento de AMLO tuvo como una de sus principales banderas la defensa de dichos recursos y el rescate de nuestra soberanía energética.
Al llegar a la presidencia, AMLO, mostrando apego a la legalidad, planteó respetar los contratos energéticos que ya se tenían suscritos con empresas extranjeras y solamente presentó una iniciativa para poner orden en los permisos para actividades de comercialización de hidrocarburos, sin modificar el esquema de participación de los particulares en el mercado.
Pero como las transnacionales y sus aliados opositores se negaban a terminar con sus corruptelas y sus ventajas indebidas, promovieron un gran número de amparos contra la reforma, lo que motivó que el gobierno presentara una iniciativa de reforma constitucional que devolvía la rectoría de la industria eléctrica nacional al Estado mexicano a través de la CFE, pero garantizando la participación de empresas privadas.
Lamentablemente, la reforma no logró los votos necesarios en el Congreso gracias al entreguismo del PAN, el PRI y lo que alguna vez fue el PRD que, con total servilismo a intereses extranjeros y en abierta traición a la patria, defendieron el modelo de saqueo de nuestros recursos energéticos.
Ahora nuestros dos vecinos del norte anuncian procesos de consultas en el marco del T-MEC con motivo de la política energética de México, lo que ha llenado de regocijo a esos traidores defensores de intereses extranjeros.
Pero la respuesta de López Obrador ha sido firme y digna, porque ni él ni las y los mexicanos somos peleles de gobiernos extranjeros como lo es la oposición.
En el PT respaldamos y defendemos la política energética de AMLO y la postura de su gobierno de cara a las consultas.
México acudirá a ellas con profesionalismo y apertura, pero también con patriotismo, porque nuestra dignidad y nuestra soberanía —óiganlo bien— no se negocian.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
COLABORADOR
@BENJAMINROBLESM
PAL
Sigue leyendo:
Peña Nieto debe ir a la cárcel
Contra la inflación, más producción y menos tasas de interés