Desde su campaña electoral, el Presidente parecía convencido de que la raíz de todos nuestros males, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la debilidad del estado de derecho y la impunidad, tienen su origen en una perversa doctrina social, el neoliberalismo, que maliciosamente se extendió por el mundo y se impuso en México, a partir de la década de los ochenta del siglo pasado.
No parecía importarle mucho la evidencia histórica de que todas esas lacras hayan existido durante siglos en nuestro suelo. El neoliberalismo era el culpable. Había que desterrarlo. Por eso sorprendió que, en la práctica, lejos de seguir recetas keynesianas o de proponer medidas progresistas típicas de un gobierno de izquierda, como una reforma fiscal de gran calado, o un aumento significativo del gasto público en salud y educación, se convirtiera en un practicante del neoliberalismo.
Quizá porque aprendió de las experiencias de Echeverría y López Portillo, el Presidente ha mantenido durante su gestión un estricto control presupuestal que, junto con la política monetaria del Banco de México, cuya autonomía ha respetado, ha evitado una brusca devaluación del peso y ayudado a mantener la estabilidad económica. Sin embargo, dados los bajos niveles de inversión, pública y privada, que han prevalecido durante su mandato, nos encaminamos hacia un sexenio de crecimiento cero.
López Obrador ha desmantelado, o debilitado con recortes presupuestarios, muchas instituciones públicas creadas a lo largo de muchos años, acusándolas de corrupción, sin ofrecer ninguna evidencia, y sancionarlas conforme a la ley. Ha inducido un significativo achicamiento del gobierno. También ha sido un defensor del libre comercio y, más significativo, de la integración económica con Estados Unidos.
Desde que Trump puso en duda el TLCAN a principios de 2017, primero amagando con denunciarlo, y después exigiendo su renegociación, López Obrador se pronunció a favor de la continuidad del tratado, y apoyó la renegociación llevada a cabo por el gobierno de Peña Nieto en 2018. Incluso nombró a un reconocido experto, Jesús Seade, como su representante personal para que se uniera a las negociaciones.
Desde entonces, a López Obrador le preocupaba que el nuevo tratado pudiera afectar el control del estado mexicano de los hidrocarburos, por lo que instruyó a Seade que insertara una cláusula especial en el nuevo T-MEC para reafirmar que:
En el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este Tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y… tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El texto no deja la menor duda. México tiene derecho a enmendar su Constitución y su legislación interna. Claro, igual que cualquier otra nación soberana. Además, mantiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos sus hidrocarburos. Quizá una reiteración redundante porque, hasta donde se sabe, esa propiedad inalienable nunca ha estado en duda desde la expropiación petrolera de 1938. Sin embargo, esa cláusula no escuda a México para ignorar otras disposiciones del T-MEC. Subraya que Canadá y Estados Unidos cuentan con remedios disponibles para defender sus derechos conforme al mismo Tratado.
Durante dos años, la Administración Biden trató de convencer al Presidente que sus políticas energéticas afectaban inversiones de sus empresas y violaban diversas disposiciones del T-MEC. No lograron el menor avance. Por lo tanto, no es una sorpresa que hayan solicitado iniciar consultas oficiales, conforme al mecanismo de solución de controversias del Tratado. Afirman que al dar preferencia a CFE y a PEMEX sobre las otras empresas que participan en su mercado energético, México está violando diversos artículos del Acuerdo, relativos a trato nacional y restricciones a las exportaciones (capítulo 2); al trato nacional que las empresas extranjeras deben recibir (artículo 14); y el capítulo 22 dedicado a empresas del estado que, entre otras cosas, dispone que los entes reguladores deben actuar imparcialmente.
Las consultas se extenderán por 75 días, a partir del 20 de julio. Si no hay acuerdo entre las partes, Estados Unidos y Canadá pueden solicitar la creación de un Panel para que decida sobre la interpretación correcta del Tratado, mismo que podría tomarse entre seis meses y un año en emitir su veredicto. En caso de concederle la razón a nuestros vecinos del norte, ambos países podrían imponer a México aranceles en sus exportaciones por un monto igual al daño que afirman les ocasionan las políticas mexicanas. El monto podría alcanzar hasta 30 mil millones de dólares.
Frente al desafío de los socios del T-MEC, el presidente tiene solamente dos opciones: respetar el Tratado y negociar de buena fe, o persistir, sin ningún cambio, en su política energética. Esta ruta paralizará nuevas inversiones en este y otros sectores. Pondría en peligro al Tratado y la integración económica de América del Norte. Reduciría aún más el crecimiento económico. Provocaría un cierre muy difícil de su sexenio.
Durante años, el Presidente repitió “Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie”. Pero, a veces, no parece importarle mucho el estado de derecho: “No me vengan con que la ley es la ley”. Nada bueno augura que haya reaccionado con una burla (¡Huy, qué miedo!) a la solicitud de consultas de Estados Unidos y Canadá. Menos aún que haya informado que dará a conocer su respuesta el 16 de septiembre próximo, acompañado de la cúpula castrense durante el tradicional desfile militar. Salen sobrando posturas voluntaristas sin asidero en la realidad que en el pasado tantos daños causaron al país. Ojalá no diga “No me vengan con que el T-MEC es el T-MEC”. Se requieren serenidad y seriedad para negociar.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS ODS EN EL TEC DE MONTERREY
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
@MIGUELRCABANAS
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