Nuevamente la Secretaría de Educación Pública (SEP) toma una decisión que atenta contra los derechos de las niñas, niños y jóvenes. A pesar de haber presumido, en el papel, que este año se iba a apoyar como nunca a las escuelas de educación especial, vemos con preocupación cómo los recursos que debieron ser ejercidos en el primer semestre de este año simplemente no salieron de las arcas federales.
Es natural que el gasto público sea objeto de readecuaciones durante el transcurso del año, pero deben ser menores y por causa de fuerza mayor. En algunos casos el presupuesto es liberado mensualmente y en otros en dos o tres depósitos. Este último es el caso del programa denominado Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial que, de acuerdo a los convenios firmados con las autoridades educativas locales, la SEP debió transferir en mayo 433.1 millones de pesos y en este mes de julio los 284.5 millones restantes.
De acuerdo al reporte de “Avance físico-financiero de enero-mayo” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en ese periodo sólo se autorizaron 2.2 millones, es decir, se recortaron 430.9 millones de pesos. Al estar cerca el cierre del ciclo escolar difícilmente podrá ser ejercido el monto restante. De no revertirse la situación estamos ante un recorte dramático ya que incluso se perderían los raquíticos 58.2 mdp que se invertían en años anteriores.
Y no es el único caso, al analizar los principales cambios de algunos de los programas más relevantes del Ramo 11 identificamos recortes por alrededor 2,584.1 mdp. Aunque en términos porcentuales dichas reducciones representan una pequeña fracción de la bolsa educativa global, sí implican un duro golpe porque se truncan proyectos diseñados por las AEL que iban a beneficiar a miles de escuelas y a por lo menos 170 mil estudiantes con discapacidad.
Esta medida cristaliza la inequidad que la estrategia de educación a distancia generó y acrecienta el rezago educativo. Un porcentaje importante de los estudiantes con discapacidad asisten a las escuelas regulares y tampoco existen programas destinados específicamente a su inclusión educativa. De acuerdo a los últimos datos disponibles solo 1 de cada 3 primarias y secundarias cuentan con rampas útiles para niñas y niños con discapacidad, 8 de cada 10 no cuenta con sanitarios adecuados para ellos y 98% de las escuelas no cuentan con señalización sensorial y auditiva. El 68% y 78% de grupos de sexto grado y 3ro de secundaria que integran a estudiantes con ceguera y debilidad visual no cuentan con material adecuado como libros en Braille, audiolibros, macrotipos o software especializado, entre otros.
Esta situación ha ocasionado, por ejemplo, que solo la mitad de los jóvenes con discapacidad con edad entre de 15-17 años asista a la educación media superior (55.8%). Y la situación puede empeorar si tomamos en cuenta que para 2021 se tiene una reducción de 7% en su matriculación.
Al inició de la actual administración se aseguró que no se dejaría a nadie atrás. Es momento de hacer honor a la palabra empeñada porque ellas y ellos tienen los mismos derechos que cualquier niña y niño sin discapacidad. No trunquemos sus oportunidades de educarse y alcanzar su plena autonomía.
POR FERNANDO RUIZ
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO
@FRUIZ_RUIZ
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