El derecho humano de acceso a la información es hoy un derecho fundamental en todo Estado democrático constitucional. Su origen es trazable hasta el de las libertades de conciencia y expresión forjadas hacia la Ilustración y que, de hecho, en la actualidad, lo incluyen y presuponen como una extensión o desdoblamiento de ellas, mismo que hemos imaginado y, así, construido y consolidado paulatinamente como humanidad y con mayor énfasis en occidente.
Respecto del derecho a saber pasa algo similar. Este derecho, se relaciona de modo directo con el derecho de acceso a la información desde el cual lo hemos ido derivando. Este derecho se vincula con las posibilidades de existencia de un diálogo público, abierto, plural e incluyente, elemento que hoy en día es inherente a toda forma de democracia y al cual subyace la idea de que nadie puede ser excluido de tal ejercicio dialógico en el que todas y todos, como participantes en dicho diálogo, tenemos el derecho de decidir en libertad.
El fondo del derecho a saber es que el mismo se relaciona con aspectos cualitativos que son de suma importancia para la efectiva incidencia y participación de las personas en los asuntos públicos. Por virtud de este derecho, y su debida garantía, todas y todos, tenemos la posibilidad de conocer y controlar no solo lo que las instituciones publicitan conforme a sus obligaciones en la materia y contenidas en la legislación general vigente al efecto. Por el contrario, este derecho es un puente para nuestro acceso a informaciones ciertas, entendibles, oportunas y completas. Porque sin estar satisfechas tales cualidades, nuestra participación e involucramiento en los asuntos públicos acaban por volverse nugatorios o faltos de eficacia.
En este marco, debemos incluir el ejercicio de la labor periodística. Ello, porque el derecho a saber, en su extensión y alcances, se proyecta o desdobla a través de la progresividad y, así, debidamente, abarca todo lo público y conecta a su vez, con muchos otros derechos que de modo similar, hemos imaginado y construido; derechos que activan y nutren al periodismo.
Ejemplo de ello, son claramente, el derecho de acceso a la información, a la rendición de cuentas, a la verdad en relación con violaciones a derechos humanos y actos de corrupción; pero también, los derechos a un acceso democrático a internet y derechos como el que tenemos a una buena administración y, por ende, a vivir en ambientes libres de corrupción.
En esa línea de argumentos, el derecho a saber es simplemente indispensable para poder realizar la construcción colectiva de opciones y soluciones. Pero también porque sin su vigencia, respeto y garantía, no es dable el libre y pleno desarrollo de las personas.
Los medios a través del ejercicio del periodismo, las tecnologías y la democracia potencian y abonan a nuestro interactuar y nos brindan una arena pública común para el intercambio de ideas y la observación crítica de lo que hacen nuestras instituciones.
Las y los periodistas, en esa misma lógica, son necesarios para la construcción de una opinión pública informada. Esa función de la mayor relevancia para toda sociedad la cumplen al exponer incongruencias, evidenciarlas, investigar y, así, llevarnos por el camino de la reflexión crítica.
A pesar de ello, en México, ejercer el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo, ya que muchos periodistas han perdido la vida por cumplir comedidamente con su función. Aunque en nuestro país contamos con normativa que obliga al Estado a proteger a las y los periodistas, este gremio es blanco de ataques de todo tipo y se encuentra expuesto a diversos riesgos.
Tales riesgos nos deben llevar a generar no solo normas y mecanismos de seguridad por medio de escoltas y personal de seguridad. Eso sirve, claro. Sin embargo, ante la violencia que sufren las y los periodistas en México, eso no basta. Es preciso dotar a las arquitecturas y plataformas informáticas en las que trabajan y desarrollan su actividad, con elementos de seguridad digital o ciberseguridad que las y los blinden, preservando su identidad, ubicación y demás elementos que les hagan identificables o rastreables. Así podremos mantenerles más seguras y seguros en sus derechos y, más que nada, en su integridad física y vida.
No reaccionar es no solo indolencia. Me parece que también denota un desdén por libertades como las mencionadas y sin las cuales no hay posibilidades para el avance y el desarrollo social en sentido o forma alguna. Pensemos. Pero, sobre todo, actuemos ya.
Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez
Comisionado Ciudadano del INFO CDMX
Sigue leyendo:
Protección de datos personales para erradicar la violencia digital contra las mujeres
Datos personales y su protección en el siglo XXI