Nuevamente nos presentan la función del circo de los expresidentes. Primero, con la simulación de encuesta, la apariencia de someter al “pueblo” la decisión de juzgar a dichos funcionarios a través de la ambigua y absurda pregunta que autorizó la Corte, que además ni siquiera fue pregunta. Ahora nos presentan la segunda temporada.
Basada en declaraciones sin substancia ni contenido, sobre las rodillas y sin el mínimo sigilo que requeriría una investigación seria y formal, es el primer episodio. Sin embargo, sabemos cuál será el final de la temporada. ¿Qué caso tiene ver una serie que conocemos el final? Sencillo: el morbo y la apariencia de justicia.
Todo este circo tendría algún sentido si cuando menos, de manera remota y rebuscada, ilegal y violatoria del derecho de presunción de inocencia, existiera la posibilidad de lograr su objetivo; es decir, ejercitar acción penal en contra de Zedillo, Fox y Calderón, lo cual es imposible jurídicamente, ya que los “delitos” por los cuales los investigan se encuentran prescritos, es decir; el MP está impedido a ejercitar acción penal.
Las cosas cambian con Peña Nieto, aquí lo investigan por posibles delitos que no están prescritos, sin embargo, valdría la pena reflexionar el timing. El año que entra se elige gobernador en el Estado de México. La pregunta es ¿por qué ahora y no en 2019 o 2020? ¿Qué no eran ya gobierno?
Les diré lo que no veremos salvo en caso extremo de necesidad de cortinas de humo: el ejercicio de la acción penal en contra de Peña. Este asunto simplemente se convertirá en un producto circense, que servirá de acuerdo a las necesidades mediáticas del gobierno, y, en los momentos que más lo necesite, para utilizarlo como distractor de los problemas reales que enfrenta el país. La especialidad de la casa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) declaró a los medios que requirió información financiera a las instituciones bancarias sobre Enrique Peña Nieto y sus hermanos Ana Cecilia, Arturo y Verónica. También sobre su madre, María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto, su exesposa, Angélica Rivera, y su actual pareja, Tania Ruiz.
Asimismo, requirió información sobre Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala, además de tres asociaciones relacionadas con su familia. Sobre Vicente Fox solicitó información acerca del expresidente, su esposa Marta Sahagún, los hijos de ambos en diferentes matrimonios, la fundación Vamos México y varias empresas relacionadas con la comercialización de alimentos y su rancho en Guanajuato.
¿Desde cuando requerir información es siquiera material para una nota periodística? La UIF pidió además datos sobre Ernesto Zedillo, su esposa, hijos y hermanos. Vale la pena recordar que el expresidente Zedillo gobernó México de 1994 a 2000, es decir, terminó su mandato hace sólo 22 años.
Pablo Gómez dijo que la Fiscalía General de la República ya investiga a Peña Nieto, ya que encontraron “algunas transacciones que pueden ser irregulares”, por más de 26 mdp, entre Peña y familiares, así como dos empresas. El gobierno sabe perfectamente que no podrá ejercitar acción penal en los casos de Zedillo, Fox y Calderón. Sólo contra Peña Nieto, lo cual difícilmente sucederá. Al no poder dar pan, el gobierno sigue dando circo.
POR JOSÉ LAFONTAINE
HAMUI ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
MAAZ
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