La masacre de Texas, en la que perdieron la vida la vida 21 personas, reavivó el debate sobre el tráfico de armas. El presidente Joe Biden reaccionó enérgicamente cuando dijo: “Estoy harto de lo que está ocurriendo”, y anunció la implementación de una regulación más estricta.
La producción y tráfico de armas es un problema que ha aquejado al continente al menos desde la década de los sesenta, con el surgimiento de narco guerrillas y movimientos subversivos que demandaban ingentes cantidades de armas para defender sus causas y promover sus intereses.
El problema del tráfico de armas se agravó con el cierre de la Ruta del Caribe en los años ochenta y el fortalecimiento de las organizaciones criminales en México. El patrón de distribución y consumo cambió por completo, la droga y las armas han seguido rutas divergentes: la droga sube desde América Latina hacia Estados Unidos y las armas se introducen a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos para dotar de poder disuasivo a grupos subversivos y a organizaciones criminales.
En los Estados Unidos, tanto la segunda enmienda constitucional como la posibilidad de hacerse con rifles de asalto, son tan solo parte de la problemática de la violencia que hoy vivimos. La demanda de armas por parte de varios países de la región, mantiene activo un mercado en el que hay facilidades para adquirir armas, lo que aunado a una frágil infraestructura fronteriza ha llevado a que en tan solo diez años dos millones de armas hayan cruzado de Estados Unidos a México.
El problema del tráfico de armas exige esfuerzos no sólo locales o regionales, sino continentales. Los países de América deben hacer frente a grupos delincuenciales transnacionales, cuyos ganancias y negocios se expanden por todo el mundo. El fortalecimiento del Estado de derecho, la mejora de las instituciones de procuración e impartición de justicia y la apuesta por policías locales con capacidades logísticas de prevención e investigación, forman parte de las acciones que hay que emprender para arrebatar territorios de manos de grupos criminales.
Las políticas contra la violencia cotidiana no se limitan a la seguridad y la justicia: es indispensable fortalecer el tejido social y los valores ciudadanos, garantizar el imperio de la ley y generar oportunidades para una generación de jóvenes que ven el futuro con incertidumbre y miedo.
La Cumbre de las Américas sería una oportunidad privilegiada para recuperar la paz y la prosperidad que anhelamos. En este esfuerzo, la ausencia de México, además de hacernos perder presencia continental, nos dejaría fuera de esquemas de colaboración indispensables para atender un problema que todos los días enluta a países que hoy, más que nunca, exigen desarrollo, justicia y paz.
POR SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA
@GINACRUZBC
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