Ya sabemos que, desde siempre, la ley poco ha importado en México y que, bajo el régimen actual, esta nefasta costumbre ni siquiera se disimula. “No me vengan con que la ley es la ley”, dijo no hace mucho nuestro presidente.
Son terribles las consecuencias cuando no existe el Estado de derecho, pero si las violaciones a la norma provienen de lo indicado por el mismísimo titular del Ejecutivo federal, las dimensiones se vuelven escalofriantes.
Ante la sentencia de un juez federal, Andrés Manuel dijo que “no se van a imponer los intereses particulares a los del pueblo y no van a detener a mi gobierno”. Acto seguido anunció que acudirá a otras instancias y se presentarán recursos para que no proceda el amparo.
La respuesta del gobierno a través de FONATUR a la suspensión definitiva de construir el tramo 5 del Tren Maya, dictada por el juez de distrito Adrián Novelo Pérez, fue un “continuará obra del Tren Maya para orgullo del pueblo de México”.
Poco o nada tiene que ver esta obra — igual que cualquier otra— con el “orgullo”, concepto abstracto que cada quien entiende como le da la gana. Aquí la cuestión es que esta obra no ha cumplido —de hecho ha menospreciado— el marco normativo. Uno que busca que el desarrollo y futuro de una región no suponga afectar irremediablemente al medio ambiente.
Se busca proteger la selva, la historia y sí, también, el futuro de la región. El cumplir la ley y en ese sentido por eso es el amparo, busca el bien mayor para la población, no el cumplir un capricho medible en millones de pesos y en una deforestación cuyo costo no solo será económico, también implicará la calidad de vida de los pobladores y la extinción de especies endémicas de la región.
Para justificar su violación a la norma por segunda ocasión (la primera fue iniciar una obra sin contar con la Manifestación del Impacto Ambiental), FONATUR ahora alega que, como pronto se contará con la MIA (trámite que se encuentra atorado en la SEMARNAT, pero que no será difícil conseguir en breve), los trabajos del Tren Maya continuarán.
Esto último es de tomar en cuenta pues la suspensión definitiva otorgada sólo es en contra de los actos de las estructuras FONATUR y FONATUR Tren Maya, los titulares de la concesión del tren y contratantes de las obras. Pero esta suspensión —allí radica el detalle— no aplica a otras dependencias como son la SEDENA o la SEDATU, mismas que continuarán sin descanso con las operaciones.
Descaro por partida doble pues la Manifestación de Impacto Ambiental deberá cumplir con los requisitos señalados por el juez, cosa que al parecer FONATUR sabe con certeza y de antemano ocurrirá.
De manera sistemática, el gobierno federal ha incumplido la ley en todas las obras y proyectos de infraestructura del sexenio; la voluntad de una persona siendo superior al Estado de derecho y, por tanto, al bien nacional. Recordemos: existe un decreto para que los proyectos de la 4T sean considerados de “interés público y de seguridad nacional”, lo que permite en muchos casos no tener que someterse a la ley.
Voy derecho y no me quito dice la Cuarta Transformación. Vía decreto, desinforma y tergiversa lo dictaminado por el poder Judicial con respecto a sus elefantes blancos. Muestra cinismo y soberbia; desprecio absoluto por la ley y por todos los mexicanos.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
@MALOGUZMANVERO
MAAZ
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