Perturbadora, la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la represión y desapariciones forzadas por violencia política del Estado entre 1951-1965.
El sólo índice del marco histórico político que aparece en su Recomendación General 46/2022 —dirigida al titular del Ejecutivo y a los de Sedena y Marina, entre otros—, da una idea de aquellos tiempos que sirvieron de “antesala y causa directa” de la llamada “Guerra Sucia”:
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Las raíces de la violencia política del Estado mexicano. El Ejército mexicano durante el periodo 1946-1965. El papel político del Estado Mayor Presidencial. La DFS y la consolidación del Aparato Represivo del Estado Mexicano.
Marco en el que figura desde la detención arbitraria del periodista Ernesto Garza, el 27 de abril de 1951; la represión de la “Fiesta de la Victoria” en La Alameda de la Ciudad de México; las detenciones en casa de Miguel Henríquez Guzmán, hasta la ejecución extrajudicial de Rubén Jaramillo.
El objetivo de esta investigación —apunta el organismo— es esclarecer los hechos que se plantean y dar cuenta del complejo represivo y contrainsurgente que montó el Estado para controlar el libre ejercicio de los derechos civiles en México, así como de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo esa mecánica de violencia política institucional.
Se constató, indica, “que la sistematización y perfeccionamiento del aparato policiaco-militar fue para impedir el libre juego democrático y afianzar el predominio político-electoral de un partido político, el Revolucionario Institucional (PRI)”.
Esta política del Estado mexicano se remonta, por lo menos, a la década de 1950, periodo en el cual las fuerzas del Estado se desplegaron especialmente contra el grupo político partidario del general Miguel Henríquez Guzmán, cuyo movimiento, conocido como “Henriquismo”, constituyó una amenaza inusitada para la permanencia del sistema por la vía electoral.
La investigación prueba que la legislación que se confeccionó con motivo de la Segunda Guerra Mundial —suspensión de garantías— fue mantenida aún después de terminada ésta, “para justificar la represión de quienes pensaban distinto a la línea oficial”, dictada por el partido del titular del Poder Ejecutivo en ese tiempo.
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Prueba, también, que durante poco más de 35 años, la Dirección Federal de Seguridad, y por más de 70 años el Estado Mayor Presidencial, actuaron al margen del orden constitucional. Fue en esos años —asienta— en que se registraron los primeros casos de desaparición forzada y en que, por primera vez, se registró la desaparición de cuerpos de ciudadanos asesinados por las fuerzas del Estado.
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POR MARTHA ANAYA
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