A pesar de que se luchó para que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) continuara con la aplicación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), se obstaculizó de forma permanente toda posibilidad de que este organismo aplicara esta prueba. Argumentó que el gobierno de la 4T estaba en total desacuerdo con las evaluaciones internacionales y estandarizadas.
La embajadora de la OCDE en México buscó la forma de que Mejoredu no abandonara su participación en esta prueba y se enfrentó a un rechazó total por parte de la Comisión, particularmente de la principal detractora y entonces presidenta de la Junta Directiva, Etelvina Sandoval.
Para sorpresa de Mejoredu y de Sandoval, luego de la presión mediática, el propio titular del ejecutivo federal salió en una mañanera a confirmar que México seguiría participando en la aplicación de la prueba PISA. Fue así como en cumplimiento a la instrucción presidencial, la SEP, haciendo a un lado a Mejoredu, entregó esta encomienda a través de adjudicación directa al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) por un monto de 69 millones 252 mil pesos; así, a partir de 2022 se continuará con la aplicación de la prueba.
Es un enorme fracaso para Mejoredu, pues PISA se seguirá aplicando a las y los estudiantes en nuestro país y no sólo se desaprovechará la capacidad técnica de los expertos de un organismo público especializado, sino que la aplicación terminó en manos de una asociación civil (CENEVAL) cuyo fin es, principalmente, la educación superior y no la educación de adolescentes de 15 años, público objetivo de esta prueba.
La situación nos deja mal parados en la escena internacional. México, la economía número 16 del mundo, ha decidido aislarse, no compararse, no trabajar junto con otros países en materia educativa. Su desdén a la colaboración global no tiene límites.
El gobierno de López Obrador desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y creó Mejoredu al que le fueron asignadas tareas supuestamente para mejorar la educación. Determinaría indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, emitir lineamientos de criterios, sugerencias y programas para realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional (SEN), así como establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación; proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas, así como generar y difundir información sobre el SEN.
Sin embargo, la promesa de campaña no se cumplió, pues la evaluación no desapareció del SEN, la reforma al artículo 3° constitucional solamente le puso apellidos “diagnósticas, formativas e integrales”.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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