Hace un par de semanas fue presentada la Reforma Electoral que ha venido adelantando el presidente durante meses. A pesar de que esta proviene del Ejecutivo, no es una reforma que recoge los planteamientos de un actor de poder con el objeto de mantenerlo, sino un resumen de demandas que por décadas han estado sobre la mesa desde un movimiento político robustecido en los últimos 10 años y que a contracorriente de las fuerzas políticas dominantes, logró hacerse del poder con el respaldo de una amplia mayoría.
Entender eso es fundamental para no simplemente situar el debate en la lógica del intercambio cupular partidista que ha distinguido la historia de reformas políticas en el país, sino en el de una transformación social que se impulsa desde muy diversas trincheras y que tiene por centro proveer de herramientas más efectivas a la población para tener una mayor incidencia en definiciones que fijan las reglas de la conducción de lo público.
La mayor virtud que una iniciativa como la que fue presentada puede tener, entonces, no es sólo su contenido, sino el hecho de que, a diferencia de otras reformas políticas, esta no se discuta a espaldas de la población en un intercambio de negociaciones entre los partidos políticos que habrán de votarla, sino que se abra una amplia discusión sobre sus implicaciones, alcances, escenarios. En el mismo sentido es, también, una valiosísima oportunidad para revisar la historia de nuestro proceso democrático, no sólo en cuanto a los artículos que fueron aprobados en el pasado, sino para dar dimensión del contexto en el que esto sucedió, quiénes lo hicieron, con qué propósito y, sobre todo, con qué resultados. También, evidentemente, deberá discutirse de qué manera esta reforma permite que nuestra democracia, desde el lugar en que se encuentra, da uno o varios pasos hacia adelante. A todo ello, de haber un debate honesto, público y abierto, debe responderse de cara a la gente y tomando en cuenta, también, lo que de ello tiene que decir la propia gente, normalmente considerada una masa acrítica y obligada a ser observadora silenciosa de decisiones que le atañen directamente.
El primer paso para que esto sea posible fue la presentación a carta abierta de esta iniciativa durante la mañanera. Ahora debe haber espacios en donde la reforma en sí misma sea discutida y desmenuzada, a través de voces diversas, que logren rebasar la frontera de la entelequia que evita que cualquier persona no especializada se involucre con el tema.
Frente a la oportunidad que se tiene enfrente, la consigna de partidos políticos, medios de comunicación y la población en su conjunto, debe ser abrir el debate, no cerrarlo. Dada la cada vez mayor politización social y demanda de participación que existen en el país, lo contrario tendrá, como se vio con la reforma eléctrica, un alto costo político.
POR AZUL ALZAGA
PERIODISTA
@AZULALZAGA
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