Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, murió de una bala disparada por un “soldado-policía-militar”. El homicidio provocó protestas de estudiantes en Guanajuato en contra de las fuerzas de seguridad y exigieron castigo al responsable.
Las fuerzas de seguridad, alternativamente de la Sedena, la Guardia Nacional y la SSPC federal, han explicado que el vehículo en el que viajaba Ángel se retiró “precipitadamente” cuando su ocupantes observaron un operativo “anti-huachicol” de las fuerzas armadas en la zona. El efectivo que bajó de su vehículo y disparó contra el vehículo de los estudiantes es miembro de la Guardia Nacional, aunque también afirman que es miembro de la policía militar. Finalmente no se ha aclarado su corporación de afiliación.
Con tanta confusión acerca de cuáles son las diferentes fuerzas de seguridad que participan en operativos contra elementos de la delincuencia organizada, y cuáles son las verdaderas líneas de mando y obediencia en los operativos, no puede sorprender que exista confusión y desarticulación entre las mismas fuerzas de seguridad. Y cuando sucede un incidente como el que está en comento, tampoco sorprende que la reacción sea la de encubrimiento y negación de los hechos.
Y cuando la explicación que ofrecen las fuerzas armadas es que el efectivo que descargó su arma es “soldado-policía-militar”, entonces es comprensible que reine la confusión. Así lo definió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un comunicado que pretendía, en realidad, justificar la acción del agente. No importa su nombre. Lo que importa es lo que sucedió y, aún más importante, por qué lo hizo. Y lo hizo porque un “soldado-policía-militar” está entrenado para disparar primero y preguntar después.
Esto es diferente al entrenamiento que recibe un policía de tierra, el policía municipal, el policía de la ciudad. Su entrenamiento es de proximidad y cercanía ciudadanas y, esencialmente, está entrenado para preguntar primero, antes que disparar.
En el caso de Guanajuato el agente obviamente estaba en un operativo caliente y, quizá, presto para disparar. El calor, la tensión, el miedo y la adrenalina se combinan para convertir a ese sujeto, formalmente definido como policía, en un verdadero soldado-militar.
El rector de la Universidad de Guanajuato protestó no solo por la muerte de un estudiante a manos de las llamadas “fuerzas del orden”. Protestó por la creciente militarización del país. Anticipó, quizá inadvertidamente, el debate que se avecina en el país cuando el Presidente López Obrador proponga su iniciativa de desaparecer a la Guardia Nacional (que es su creación, su muy personal Frankenstein, después de haber desaparecido a la Policía Federal) y que aspira a convertirla en una unidad nueva dentro de las filas del Ejército “para que no se corrompa”, según afirma.
Cada Presidente durante los últimos 5 sexenios ha ofrecido una nueva solución a la crisis de seguridad que padece el país y, hasta ahora, cada uno ha fracasado. Zedillo inventó la Policía Federal por el cambio del sistema político en México. El PRI perdió el control de la capital con el advenimiento de la elección de un jefe de Gobierno de otro partido. Ya no podía manejar la policía de la ciudad y Cárdenas, como jefe de Gobierno, se negó a desalojar la huelga en la UNAM en 1999. El primer operativo de la nueva Policía Federal fue justamente el desalojo de ese movimiento, ya podrido, en la máxima Casa de Estudios.
Más adelante Fox y Calderón ampliaron y consolidaron la Policía Federal. Peña Nieto creó la Gendarmería Nacional y disminuyó el papel de la Policía Federal. Sin embargo, ante la inoperancia y falta de resultados de la Gendarmería, optó por su incorporación al Ejército. Por su lado, López Obrador desapareció en definitiva a la Policía Federal y creó la Guardía Nacional. Ahora López Obrador quiere proponer que su propia creación se incorpore al Ejército como un nuevo cuerpo de “soldado-policía-militar”. La justificación que ofrece es que, de no hacerlo, caerá en manos “de la corrupción”. Otro fracaso más en 5 sexenios seguidos de traspiés con Presidentes que no se atreven a dar el paso de fondo para crear una verdadera policía nacional, civil y con presupuesto para ser eficaz en su encomienda de devolverle a México la paz interna que reclama.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denunció 94 muertes provocadas por agentes de la Guardia Nacional desde su creación en 2019. Advirtió, además, que la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, responsable de estudiar estos casos y proponer castigos, de ser necesarios, está en manos de ex militares sobre quienes pesan acusaciones de antecedentes de violaciones a los derechos humanos de civiles.
La CNDH tampoco cuestiona estos casos y se ha vuelto cómplice de la política de militarización del país.
La historia del malentendido federalismo mexicano ha impedido la creación de una policía nacional civil eficaz y creíble. Los gobiernos federal, estatales y municipales: todos se recargan en los militares para atender la crisis de seguridad porque los políticos no quieren, o no pueden, tomar las decisiones duras que significa la creación de una policía civil en todo el país, obviamente restándoles cotos de poder a los propios gobernantes. Y, así, nos deslizamos inercialmente hacia un régimen militarista que terminará por acabar con las libertades republicanas que hoy tenemos.
Ésta es la lección que nos deja el asesinato de Ángel a manos de un “soldado-policía-militar”.
POR RICARDO PASCOE
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MAAZ