John Kerry, el enviado del Presidente Biden para cambio climático, visitó al Presidente López Obrador por segunda ocasión en menos de un mes para manifestar la enorme preocupación del gobierno de Estados Unidos por la propuesta constitucional de reforma eléctrica. Al salir de la reunión en Palacio Nacional, Kerry anunció que había llegado a un acuerdo con el Presidente para que se estableciera un grupo de trabajo bilateral México-Estados Unidos, “con la participación de la Casa Blanca y el embajador Ken Salazar”, para darle seguimiento al tema de esta propuesta de reforma. Al día siguiente, en su conferencia de prensa mañanera, el Presidente López Obrador afirmó que nunca había habido el acuerdo mencionado. Dijo que si bien Kerry había propuesto la creación de dicho grupo, él se había mantenido en silencio, y que nunca había aceptado su creación.
En la larga historia de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, pocas veces se comprueba un desacuerdo tan evidente entre los dos gobiernos en forma tan pública. Lo ocurrido es un verdadero desencuentro. Durante los últimos meses la Administración Biden y amplios sectores del Congreso han manifestado en todos los tonos la enorme preocupación que les produce la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador, a la que consideran absolutamente violatoria de diversas disposiciones del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).
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El tema fue mencionado por el propio Biden a López Obrador en su encuentro en Washington del pasado 18 de noviembre. Desde entonces, el mensaje de preocupación lo han repetido la poderosa Embajadora Katherine Tai, Representante Comercial; la Secretaria de Energía, Jeniffer Granholm, y en repetidas ocasiones el enviado para cambio climático, John Kerry. Hasta ahora ninguno ha tenido el menor éxito. Al contrario, López Obrador ha repetido en los últimos días que la reforma debe ser votada por el Congreso, “sin cambiarle una coma”, inmediatamente después del referéndum revocatorio del próximo domingo 10 de abril, es decir, durante la Semana Santa.
No sólo eso. Mañana, 5 de abril, la Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley de reforma eléctrica aprobada en el Senado y la Cámara de Diputados en febrero del año pasado. Lo hará sobre la base de una ponencia presentada por la Magistrada Loretta Ortiz Ahlf, que afirma que dicha ley no contradice el texto constitucional. Se necesita que tres magistrados estén de acuerdo con Loretta Ortiz, para que la Suprema Corte considere constitucional a dicha ley. En cambio, se requiere el voto de ocho magistrados para declararla inconstitucional. Si la Suprema Corte sostiene la constitucionalidad de la ley, López Obrador adquirirá una herramienta adicional para presionar al Congreso para que apruebe su reforma.
En caso de que el Congreso termine aprobando la reforma constitucional propuesta, al menos en sus términos actuales, México habrá optado por darle prioridad a las energías fósiles sobre las energías limpias, retrasando la indispensable transición energética y afectando el derecho de la población a un medio ambiente sano, consagrado en la Constitución y reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El país se apartará significativamente de un desarrollo más sostenible, además de que gradualmente nuestra economía reducirá su competitividad frente a otras naciones.
Por otra parte, si la reforma se aprueba como está, se afectarán seriamente las inversiones de empresas extranjeras del sector energético de varios países, y no sólo de Estados Unidos, superiores a los 50 mil millones de dólares, que no tendrán más remedio que recurrir al T-MEC y a tribunales internacionales, para defender sus intereses. Es muy posible que, cuando inicien ese camino, no estarán solas, sino que las acompañarán sus respectivos gobiernos. Eventualmente nuestro país podría terminar pagando enormes sumas por indemnizaciones y compensaciones, lo que presionará aún más las finanzas públicas. La credibilidad de México como socio confiable se verá indefectiblemente afectada, lo que se traducirá en menos inversiones productivas, menos empleos y, con el tiempo, menor recaudación fiscal, indispensable para financiar los programas sociales del gobierno.
El desencuentro energético con Estados Unidos, Canadá y otros países terminará afectando la buena marcha de la integración económica y la competitividad de América del Norte, y del T-MEC que, hay que recordarlo, no es eterno. Aunque en principio es un pacto que debe durar dieciséis años a partir de su entrada en vigor, que ocurrió el 1 de julio de 2020, cualquiera de sus miembros lo puede denunciar y abandonarlo en un plazo de seis meses. Otros sectores productivos, como la industria automotriz y las autopartes, que enfrentan una presión de Estados Unidos para que trasladen sus operaciones a su territorio, podrían resentir un enorme impacto. Ese sector es la principal fuente de divisas para nuestro país, 75 mil millones de dólares en 2021, triplicando las entradas por inversión extranjera, y superando por mucho el monto de las remesas.
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La Administración Biden ha optado hasta ahora por una enorme cautela en sus relaciones con México. No quiere problemas con su vecino del sur, quien además está haciendo grandes esfuerzos para detener las olas de migrantes de Centroamérica. Hasta hace poco su principal prioridad era enfrentar el reto estratégico que representa el ascenso de China. La invasión de Rusia a Ucrania trastocó sus prioridades. Para Biden ahora lo urgente es obligar a Putin a abandonar el territorio ucraniano. En el nuevo mapa estratégico global, México es aún más importante para Estados Unidos, a quien le preocupan los mensajes cruzados de su posición frente a Rusia, y que otros gobiernos incrementen su presencia en nuestro país para lanzar operaciones contra ellos.
Las próximas dos semanas marcarán un parteaguas en el desarrollo de México. Habrá pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia, referéndum revocatorio y posiblemente votaciones de la reforma constitucional en el Congreso. Las decisiones que se tomen afectarán por mucho tiempo nuestras relaciones con nuestros principales socios comerciales y fuentes de inversión, como son Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea, países con quienes además nos unen la historia y los valores democráticos. Se afectará la posición de México en el mundo.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
@MIGUELRCABANAS
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