Un país tapizado -literalmente- con propaganda electoral ilegal no es un buen augurio para un resultado creíble. Y si se trata de realizar comicios para establecer un criterio democrático acerca de opiniones mayoritarias y minoritarias de la sociedad, la propaganda ilegal no solo enturbia el resultado, sino que lo vuelve ilegítimo. Y esa ilegitimidad es una fuente segura de conflicto social y político prolongado.
¿Será eso lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Un conflicto social y político prolongado a partir de la elección de revocación programada para el 10 de abril, en exactamente 7 días? Porque su gobierno, su partido y él mismo han hecho todo lo humanamente posible para enturbiar y deslegitimar la elección.
Como primer paso, el presidente empezó a conflictuar la elección, y como herramienta para descalificar al órgano electoral autónomo que él no controla, hizo que su partido le negara recursos presupuestales suficientes para llevar a cabo una elección bien organizada en todo el país, pues le obligó a reducir el número de casillas que corresponden a un ejercicio comicial nacional. Desde ese momento se percibió el olor a conflicto.
Al reducir el presupuesto quiso inhabilitar al INE para poder realizar el ejercicio con eficacia y, así, tratar de demostrar al INE como una instancia cara e ineficiente, atado a “intereses del pasado”. En una palabra, desacreditarlo.
Posteriormente el partido Morena obligó al INE a aceptar un mecanismo balín para la recabación de las firmas necesarias para convocar a la consulta. En vez de utilizar el registro digital, y alegando que había zonas del país sin internet, se impuso el instrumento falsificable de… la fotocopia de la credencial de elector. Ciudades “sin internet” como la Ciudad de México, entre varios cientos de centros urbanos más, registraron millones de apoyos con fotocopias. Periodistas que hurgaron dentro de las cajas de firmas que se presentaron descubrieron que eran fotocopias de credenciales entregadas en oficinas federales y locales de solicitantes de programas sociales. Es decir, mostraron que la recolección de firmas fue una operación de Estado, no un ejercicio ciudadano auténtico.
Posteriormente el partido Morena obligó al INE a aceptar un mecanismo balín para la recabación de las firmas necesarias para convocar a la consulta. En vez de utilizar el registro digital, y alegando que había zonas del país sin internet, se impuso el instrumento falsificable de… la fotocopia de la credencial de elector. Ciudades “sin internet” como la Ciudad de México, entre varios cientos de centros urbanos más, registraron millones de apoyos con fotocopias. Periodistas que hurgaron dentro de las cajas de firmas que se presentaron descubrieron que eran fotocopias de credenciales entregadas en oficinas federales y locales de solicitantes de programas sociales. Es decir, mostraron que la recolección de firmas fue una operación de Estado, no un ejercicio ciudadano auténtico.
El hecho de que se recabaron firmas en los archivos de los gobiernos federal y estatales le imprime al proceso en su conjunto un tufo inequívoco de ilegitimidad.
A pesar de todas las maniobras y manipulaciones de la ley y la intervención de autoridades, repentinamente, y por razones aún no esclarecidas, al presidente y su partido les entró un ataque de pánico. Sintieron que a pesar de su logro descarado de uso de recursos públicos para presentar “firmas” al INE para que la elección procediera, poseían información que sugería un bajísimo interés público en el proceso. Seguramente había encuestas que confirmaban una probable baja participación e ínfimo interés en el proceso.
Entonces el presidente tomó una decisión estratégica. Declaró todo el periodo de campaña abierto a la cacería y que todos los suyos podían tomar las armas y disparar en todas direcciones. ¡Fuera máscaras! Es el nuevo grito de guerra de AMLO y Morena. Hagan lo que tengan que hacer para levantar la votación, hasta ese momento escuálida.
Putin dio el ejemplo: todos a bombardear el país, que no quede ni un árbol sin tocar ni un ciudadano sin enterarse de su responsabilidad. Sin misericordia y sin tomar prisioneros. ¡Esto es patria o muerte!
- El primer paso en la nueva etapa del proceso electoral, ahora expresada como una guerra de baja intensidad, fue que Morena y sus fieles aliados ejercieran su mayoría simple en la Cámara de Diputados y el Senado para aprobar una “interpretación” de la ley que rige los comicios, permitiendo que todos los funcionarios de gobierno pudieran promover abiertamente el voto a favor de su interés, y también legitimando que Morena actuara abiertamente en la promoción del voto.
Esta “interpretación”, ya impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y desechada por ese órgano jurisdiccional, sin embargo no ha frenado que un ejército de funcionarios públicos actúen en violación a la ley. No les importa la ley. Les importa el poder.
Pululan por todos los rincones del país funcionarios públicos disfrazados de “ciudadanos” promoviendo el voto a favor de AMLO, en una elección aberrante de revocación de mandato del Presidente, promovida y financiada por el mismísimo Presidente. Son ciudadanos, pero pagados por los impuestos de todos los mexicanos para realizar sus funciones oficiales, pero no para ser militantes de un partido político y menos activistas electorales.
El segundo paso de la guerra de baja intensidad ha sido la saturación del país con imágenes del presidente, alegando que no está solo, que no votar por él significa perder beneficios sociales y abrirá las puertas a un retroceso de vuelta a la larga noche neoliberal.
Con mentiras, engaños y una política goebbeliana de saturación propagandística hasta el hartazgo AMLO compite contra AMLO en ésta bizarra elección. Con cada día que pasa la revocación se convierte más y más a un acto que le arrebata el poder a la ciudadanía y se lo entrega a un solo personaje: el Presidente. ¡Arriba las manos ciudadanos, que la revocación es un asalto a mano armada!
POR RICARDO PASCOE
ricardopascoe@gmail.com
@rpascoep
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