La profecía se cumplió: Elon Musk tiene al pájaro de las redes sociales –aquel cuyos gorgeos se parecen más al de Loquillo que al del ave canora– en mano firme. Twitter está a merced de un billonario mercurial que lo ha usado para fines personales ilegítimos y para fines empresariales acaso ilegales, y que promete “desatar su potencial” en tanto vehículo de una libre expresión ya abusada de manera regular ahí. Buena parte del mundo contiene la respiración ante su propia incapacidad para acotar la amenaza inminente a los valores democráticos.
Digo buena parte pero no todo. Cuatro días antes de que Musk se hiciera con el control de esa red social, el Parlamento Europeo aprobaba la Digital Services Act, que busca fomentar la transparencia y la responsabilidad en redes sociales y sitios de e-commerce con la premisa de que lo que está prohibido en la vida real –incitación al odio, acoso tipificado, apología del terrorismo, pornografía infantil, delitos contra la infancia, difusión de noticias falsas, venta de productos pirata, defectuosos o peligrosos– debe estarlo también en el entorno digital. Programada para entrar en vigor en la Unión Europea en 2023, prevé multas de hasta 6 por ciento de sus ingresos a las plataformas con más de 45 millones de usuarios en ese territorio que la infrinjan.
¿Cabe un modelo similar para el resto del mundo? Susan Benesch, académica del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, tiene una idea provocadora. En un paper publicado en 2020 en el Yale Journal of Regulation, postula que ese marco jurídico existe ya: la legislación internacional de derechos humanos y, de manera puntual, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por Naciones Unidas en 1976 y ratificado por 167 países, incluido Estados Unidos.
Ese tratado multilateral no aborda de manera precisa el entorno digital –las redes sociales no soñaban con existir cuando fue adoptado– y, más aún, se ocupa de países y no de entidades privadas; sin embargo, al contentarse con fungir como marco regulatorio para garantizar reglas transparentes sin restricciones directas mayores a la libertad de expresión, podría constituir –con ajustes–avenida adecuada y expedita para una legislación internacional de las redes sociales.
Naciones Unidas cuenta con una Relatoría Especial para la Promoción y la Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión. Ante la actual situación de Twitter, su ex titular, David Kaye, declaró que la idea de que alguien adquiera el control de esa red y diga “… ‘mi voz tendrá más poder que ninguna sobre cómo se adoptan e instrumentan las reglas’ resulta regresiva tras años de intentos por establecer reglas sensatas”.
La actual titular, Irene Khan, no se ha pronunciado al respecto. Urge lo haga.
POR NICOLÁS ALVARADO
COLABORADOR
@NICOLASALVARADOLECTOR
MAAZ
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